El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la administración balear contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, por lo que, y según el fallo de la Sala de lo contencioso Administrativo, que confirma la sentencia recurrida, el gobierno balear tendrá que pagar a la empresa Accesos de Ibiza S.A. la cantidad de 7.824.845 euros, debido a un sobrecoste que la concesión tuvo que afrontar sobrevenidos por los diferentes disturbios provocados por la oposición a la construcción, y que repercutió de forma negativa en diferentes conceptos tales como gastos en seguridad privada, la ocupación de los terrenos y la expropiación, entre otros; al no
tratarse de costes ajenos a los altercados, y por tanto, imprevisibles por la concesión, el gobierno ha de compensar dicho desequilibrio económico y financiero [Kirian Riquelme Saldivia].
Fuente: Comunicación Poder Judicial
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