Los hechos sucedieron en febrero de 2010 en la localidad castellonense de Onda. La absolución de los acusados se debe a la anulación de las escuchas telefónicas solicitadas por la Guardia Civil y autorizadas por el juez instructor, al considerarse ilícitas, por falta de concreción de las sospechas que las justificaban. La sentencia, que cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo argumenta: “nos encontramos ante un supuesto de insuficiencia de motivación de la resolución judicial, por absoluta carencia de fundamento fáctico justificativo de la medida”. No obstante, se ha condenado por el delito de receptación a seis meses de prisión a una mujer que vendió seis meses después parte del botín en un negocio de compraventa de oro [Adrián Ortiz Gil].
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
Acceder a la Comunicación
