Dª. Belén Andrés Segovia
Licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón. Máster Oficial en Derecho Administrativo y de la Administración Pública de la Universitat de València (2012-2014) y cursa sus estudios Doctorado en Derecho Administrativo en la misma Universidad.
Actualmente colabora en el Proyecto de Investigación “Pluralismo y contenidos en la nueva regulación española de los mercados audiovisuales” del Plan Nacional de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad (ref. DER2012-37122). Becaria de la Generalitat Valenciana, en la Consellería de Gobernación y Justicia, en la Dirección de Desarrollo Autonómico. Además, ha realizado diversos periodos de formación e investigación en diferentes Universidades españolas (Universidad de Valladolid (2011), la Universidad Autónoma de Madrid (2012), Universidad Oberta de Cataluña, donde realizó una ponencia sobre “Las insuficiencias de la transparencia en la Administración electrónica” (2014); y ha ejercido su formación profesional en la Subdelegación del Gobierno de Castellón (2011) y en el Excelentísimo Ayuntamiento de Moncofa (2013).
Artículos propios
La Sentencia que será analizada en las siguientes páginas resuelve, de forma pionera, el caso de una mujer embarazada que expresa su deseo de realizar las pruebas correspondientes a una oposición para el acceso a la función pública. El Tribunal Supremo declara que el parto se considera una causa suficiente, para no participar en el examen en el día y hora reflejado en las bases. Se debate si se cumple el principio fundamental de igualdad garantizado constitucionalmente y si la respuesta de la Administración en este contexto es eficaz.
Con ocasión del primer aniversario tras “el cierre de la Televisión Pública Valenciana” (29-11-2013), que venía emitiendo sus contenidos desde el 9 octubre 1989, tal vez sea un buen momento para realizar un sucinto examen sobre la situación en la que se encuentra la televisión pública en la Comunitat Valenciana. Un análisis que aborde las nuevas propuestas de televisión pública de lo que sin duda constituye no sólo un servicio público, sino más bien puede suponer un serio negocio; la situación actual del sector desde un punto de vista regulatorio y los elementos más destacados del horizonte inmediato por el que se dirige este medio de comunicación.
En el presente trabajo analizaremos como desde la Unión Europea se prevé un sistema para la financiación de las televisiones públicas que deberán seguir los Estados miembros y como de forma paulatina han ido aplicando estas políticas, con especial referencia al caso español. En este sentido, destacaremos la figura de la publicidad, como una vía de financiación de la televisión pública autonómica, y que pese a su tradición jurídica, la televisión pública estatal ha desistido de la misma. Así pues, nos ocuparemos de las consecuencias jurídicas que esta decisión ha supuesto y si la misma se adecúa a la regulación europea.
: Los efectos del COVID-19 se están haciendo notar en España y están teniendo un impacto significativo en el sector de las telecomunicaciones. A medida que el Gobierno español impone restricciones a la circulación, las personas dedican más tiempo al uso de estas plataformas con el fin de desempeñar su trabajo y aprovechar su tiempo de ocio desde su propio domicilio, para lo que precisan de una cantidad de datos mucho mayor. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se centra en cómo las telecomunicaciones realizan cambios para beneficiar a los consumidores durante este tiempo.
: : : El presente artículo analiza la situación legal y tecnológica de blockchain en Europa y su eventual desarrollo en España ante la escasez regulatoria. Corresponderá a los diferentes Estados determinar las estrategias oportunas que inviten a los menores a aprender sobre el manejo de estas tecnologías y sus posibles impactos. La tendencia será la búsqueda de respuesta legales que permitan evitar cualquier vulneración de sus derechos e intereses. Con este horizonte pretendemos: estimular la reflexión, estudiar su futura regulación, junto a las potenciales medidas de prevención, así como, discutir acerca de esta tecnología tan compleja, controvertida y de rápida evolución..
El sector audiovisual en España se ha convertido en una industria cada vez más destacada. Respecto a su prestación, los contenidos mediáticos y su demanda forman parte del día a día de los ciudadanos motivados por diversas causas: informativas, entretenimiento, etc. Sin embargo, por lo que concierne a su regulación, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual resulta insuficiente ante el inminente avance de un proceso de transformación digital del sector que ha venido para quedarse. Con su reforma lo que se pretende es despejar posibles incertidumbres que presenta la industria aportándoles una respuesta jurídica a medio o largo plazo. Esta previsión permitirá reforzar la seguridad que afecta al conjunto de ciudadanos en el uso de estas plataformas, sin descuidar otros aspectos que son de suma relevancia tales como los nuevos intereses que emergen del mercado y la garantía de los derechos de los usuarios.
