Dra. Beatriz Belando Garín
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia (España) desde 2008. Doctora en Derecho por la misma Universidad en 2002 con la tesis “La protección pública del inversor en el mercado de valores” (Apto cum Laude).
Directora del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal del 2013 a 2015. Actualmente es Vicedecana de Estudios de Grado de Criminología y Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia.
En el ámbito de la investigación tiene numerosas publicaciones en editoriales especializadas de reconocido prestigio, en revistas indexadas y en revistas no indexadas pero con alto impacto en la especialidad. En particular, 5 libros completos: dos como única autora ambas en la prestigiosa editorial Civitas/Thomson Reuters, uno con autoría compartida con el profesor Vicente Escuín Palop (Civitas/Thomson Reuters), dos libros coordinados (todos ellos en Tirant Lo Blanch), 22 artículos en revistas indexadas y 1 en una revista no indexada, 34 capítulos de libros, 12 aportaciones a congresos, de los cuales 3 eran internacionales. Igualmente ha impartido 30 conferencias y seminarios. Estas publicaciones han merecido de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora el reconocimiento de dos tramos de investigación (sexenios).
En su condición de experta colabora habitualmente con la Comisión Nacional del mercado de Valores y la Generalidad Valenciana, a través de su Instituto de Administración Pública.
Sus líneas de investigación consolidadas son: Derecho del mercado de valores, Medios alternativos a la jurisdicción contenciosa administrativa e igualdad de género. Ha formado parte como investigadora en diversos Proyectos de Investigación obtenidos en convocatorias públicas nacionales y autonómicos y financiados con fondos públicos. Actualmente, es Investigadora principal del Grupo de Investigación “La CNMV y la tutela del inversor minorista: explorando nuevas posibilidades” (DER2015-67119-R).
Artículos propios
En la actualidad diversos escándalos financieros han puesto sobre la mesa el alcance de los potestades de supervisión de las autoridades financieras, tanto del Banco de España, la Comisión Nacional del Marcado de Valores y el ICAC. Esta polémica se agrava con la reforma del código penal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que reaviva, si cabe aún más, el debate sobre la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración junto con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en las áreas financieras.