El famoso grupo de canales de televisión demandaba al Estado debido al cierre de tres canales: Nitro, Explora y la Sexta 3. El demandante pedía una indemnización por daños y perjuicios debido a las pérdidas que le había ocasionado ese cierre. Por otra parte, la demanda acabó llegando al Tribunal Supremo y Ésta acabo siendo desestimada.
Desde el 3 de abril de 1990, Antena 3 disponía de una licencia de 10 años; en esta primera etapa se aprobó un decreto el cual se pretendía que los emisores de televisión a emitir mediante tecnología analógica y digital, decreto que tuvo que ser relanzado varias veces para que tuviese éxito, disponiendo que en abril de 2010 se pasaría a la emisión digital definitiva (causando así el apagón analógico).
La segunda etapa tuvo lugar a partir de 2010, cuando se aprobó la ley 7/2010 en la que se establecía que se asignarían los canales por concurso para quitar posiciones privilegiadas. En julio de 2010, Atresmedia llegó a un acuerdo con el Consejo de Ministros, por el que se le asignaban directamente unos canales de manera directa y contraviniendo la nueva ley sin tener conocimiento de ello. Fue en 2014 cuando se cerraron estos canales de manera definitiva, lo que causó la interposición de la demanda.
Por último, aunque es cierto que no había ninguna disposición transitoria en la ley que estableciera una situación para los emisores con sus concesiones, el acuerdo adoptado con el Consejo de Ministros era inválido tácitamente, generando simplemente una expectativa de derecho y no un derecho consolidado, razón por la cual tampoco se ha apreciado la responsabilidad patrimonial del acto legislativo, ya que según la jurisprudencia: “la clave para apreciar la responsabilidad por acto legislativo, está en la apreciación de que los daños ocasionados sean de naturaleza especial, y que no se traten de meras expectativas de derecho” [Enrique Lorenzo Andreu Zamorano].
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
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