El pasado día 31 de marzo de este año, la sección 8 de los Juzgados Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional declaraba nula la resolución del ministro del interior, por la que cesaba al entonces Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y condenaba a la Administración a su reingreso en el puesto de trabajo, “así como al abono al mismo de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de efectividad del cese”.
En dicha sentencia, la Audiencia entiende que los motivos para el cese de Pérez de los Cobos, explicados en la propia resolución ministerial como la pérdida de confianza de entre el Jefe de la Comandancia y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, se basaban en pretensiones contrarias a derecho, y suponían un “desvío” de la potestad discrecional.
El magistrado explica que la capacidad de discrecionalidad de la Administración debe estar sujeta a los limites normativos, sin que pueda ejercitarse esta potestad fuera de la legalidad, entendiendo entonces que en el caso del señor Pérez de los Cobos, “no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal.”
Finalmente, la sentencia condena a la Administración al pago de las costas procesales e informa de la posibilidad de apelar la decisión en un periodo de 15 días, al no ser una resolución firme.
María Segovia Barreiro, estudiante de Derecho y colaboradora de IDIBE.
Fuente: Comunicación Poder Judicial
