El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado el sobreseimiento de la investigación abierta por los incidentes ocurridos el 15 de noviembre de 2014, en aguas cercanas a Canarias entre militares de la Armada que protegían las prospecciones petrolíferas de Repsol y activistas de Greenpeace que accedieron a esa zona de exclusión marítima, intentando abordar el buque de la petrolera. El juez sobresee la causa contra los dos militares denunciados y contra la activista de Greenpeace
Aquellos sucesos terminaron con una activista de Greenpeace herida, sendas denuncias de la Armada y de los activistas y una querella de fiscalía por delito de piratería. El juez explica en su escrito que la actuación de la Armada estaba amparada por la legalidad.
Después de todas las diligencias realizadas el juez considera acreditado que los militares estaban desarrollando una función de seguridad y mantenimiento del orden público, actuando como agentes de la autoridad, protegiendo la zona de exclusión a la navegación marítima, tal y como lo había acordado tres días antes en una resolución el Director General de la Marina Mercante para llevar a cabo las prospecciones solicitadas por Repsol. Pese a las reiteradas negativas de Greenpeace para retirarse, los militares no actuaron de inmediato, sino que reportaron a sus superiores, solicitando nuevas órdenes a las que se ajustaron. La actuación de estos militares, se ajustó al cumplimiento de su deber, limitándose a obedecer las órdenes dadas, tanto el día anterior como el propio día de los hechos. Unas órdenes, que según el juez fueron graduadas en función de las circunstancias.
El magistrado concluye que los activistas de Greenpeace mostraron una conducta de clara rebeldía, se adentraron consciente y voluntariamente en una zona de exclusión marítima, violentaron la decisión de la Autoridad pública que había prohibido legalmente la navegación en esa área, comenzaron las maniobras para intentar el abordaje del buque y mostraron señales más que evidentes de que no pensaban atender las órdenes directas de la autoridad, colocándose voluntariamente en una situación muy peligrosa. Por este motivo, el auto recuerda que, en supuestos como este caso, la imputación del riesgo se traslada al ámbito de responsabilidad de las víctimas, en tanto que la actividad generadora del riesgo fue concebida, implementada y llevada hasta sus últimas consecuencias por los activistas de Greenpeace.
En el caso de Greenpeace, el juez concluye que aunque su conducta fue totalmente antijurídica no se puede imputar un delito de piratería a la activista que resultó herida puesto que ni comandaba ni pilotaba la lancha, no tuvo dominio alguno del hecho ni tenía capacidad alguna sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace que participaron en los hechos. Su participación se limitó, según el magistrado “a ocupar una de las lanchas, desconociéndose si su propósito era abordar o no el buque”.
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
