El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de constitucionalidad a propósito del art. 1 de la Ley 3/ 2007, que regula la rectificación en el registro del sexo y nombre de las personas, reconociendo, exclusivamente, la posibilidad de solicitar dicha rectificación a los mayores de edad.
Concretamente duda de si dicho precepto legal supone una restricción desproporcionada de los derechos a la integridad moral y a la intimidad de un menor de catorce años, que, claramente se siente y comporta como varón. Afirma que “Impedir al menor, en las circunstancias ya repetidas a lo largo de la resolución, solicitar la modificación de la mención registral del sexo y del nombre, puede constituir una restricción desproporcionada de sus derechos fundamentales, interpretados a la luz del art. 10.1 de la Constitución, por las graves consecuencias que puede acarrearle, que pueden no guardar una relación equilibrada con las ventajas obtenidas con tal medida.
En definitiva, este tribunal tiene serias dudas de que la exigencia de estabilidad en el estado civil, que enlaza con el principio de seguridad jurídica, y que se vería amenazada por el ‘riesgo de remisión’, en palabras de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, riesgo que ciertamente es mayor en la adolescencia que en la edad adulta y que debe llevar a realizar una cuidadosa evaluación de las circunstancias concurrentes para diagnosticar el trastorno de identidad de género del menor, constituya un límite proporcionado que justifique una restricción tan importante de los derechos fundamentales del menor transexual, dada la gravedad de esta restricción y de las consecuencias adversas que puede conllevar para el menor de edad” [P.CH.M.].
Fuente: Comunicación Poder judicial
