El vecino de Gijón, de 32 años, reconoció los hechos y aceptó la multa de 2.800 euros impuesta por un delito de desorden público como consecuencia de movilizar injustificadamente a los servicios de emergencia un total de 2.500 veces; la multa en un principio sería de 7.200 euros, pero el acusado aceptó su responsabilidad al verse rebajada hasta el montante que finalmente pagará.
Los hechos probados, reconocidos por el acusado en la vista oral, estaban vinculados a una serie de falsos avisos de intentos de suicidio – supuestamente perpetrados por el condenado -, movilizando a los servicios de emergencia – personal sanitario, bomberos y policía – hasta su domicilio donde, o bien negaba haber realizado la llamada o, como sucedió el pasado 2 de mayo de 2017, directamente no encontraban nada. Según el fiscal, el joven llevaba a cabo estas llamadas “con la única intención de incordiar, molestar y perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos” pese haber sido informado “reiteradamente y hasta la saciedad” que cuando realizaba estas acciones generaba “gran perturbación, bloqueo del servicio, molestias innecesarias y gastos prescindibles tanto en el 112 como en los servicios de salud”. Además de estos hechos, el pasado mes de julio el acusado fue nuevamente detenido por realizar diversas llamadas a distintos números de emergencia reiterando una vez más el desorden público.
Kirian Riquelme Saldivia, Graduado en Derecho, colaborador del IDIBE.
Fuente: Comunicación Poder Judicial
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