La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 8 años y medio de inhabilitación especial para cargo público impuesta el 25 de febrero de 2019 por la Audiencia Provincial de Murcia a un sargento de la Policía Local de Caravaca de la Cruz por no tramitar un total de 39 multas de tráfico.
Se estima que el perjuicio económico al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz que supusieron las infracciones llevadas a cabo entre marzo y septiembre de 2013 suman 3.940 euros, cuantía que el condenado deberá indemnizar a la Corporación Municipal.
El Supremo rechaza todos los argumentos del recurso del acusado al haber indicios de que “el funcionario acusado hizo todo lo que estaba en su mano para no tramitar los boletines de denuncia, como fue en ocasiones anular las multas directamente en el sistema informático”, “desoyendo los dictados del derecho, que le obligan a mantener su integridad e incorruptibilidad”.
David González Albuixech. Graduado en Derecho.
