Estonia ha dado un paso decisivo en el desarrollo de su marco normativo espacial con la aprobación de la Ley de Actividades Espaciales (“Kosmoseseadus”), cuyo texto definitivo fue publicado a inicios de 2025 y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El objetivo principal de la Ley es fomentar el desarrollo sostenible de la economía espacial estonia, garantizando la previsibilidad regulatoria y la conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el país, en particular aquellos derivados de los tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre.
Este nuevo marco regulatorio establece un régimen de autorización obligatoria para toda actividad espacial que implique el uso, control, operación o lanzamiento de objetos espaciales desde Estonia o bajo su jurisdicción. Las autorizaciones serán otorgadas por la Autoridad de Protección del Consumidor y Regulación Técnica de Estonia (CPTRA, por sus siglas en inglés), previa verificación del cumplimiento de requisitos técnicos, financieros y de seguridad, y podrán ser revocada en caso de infracciones graves, incumplimiento de condiciones o riesgo para la seguridad pública.
En línea con las obligaciones previstas por el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre (1976), a pesar de no haber sido ratificado por este país, se dispone la creación de un Registro Nacional de Objetos Espaciales, gestionado por la CPTRA, donde deberán inscribirse todos los objetos espaciales puestos en órbita bajo jurisdicción estonia. Este registro deberá mantenerse actualizado para garantizar la trazabilidad de dichos objetos.
La legislación estonia incorpora también un régimen de responsabilidad objetiva por daños ocasionados por actividades espaciales. En este contexto, los operadores deberán contratar una póliza de seguro obligatoria, cuyo importe mínimo será determinado por vía reglamentaria, con el fin de cubrir potenciales daños a terceros, tanto en el espacio como en la superficie terrestre.
A su vez, uno de los elementos más destacables de la Ley es su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental del entorno espacial. A tal efecto, los solicitantes deberán acreditar que sus actividades no contribuyen significativamente a la proliferación de desechos orbitales y que se han adoptado medidas efectivas para minimizar su huella medioambiental.
Con esta medida legislativa, Estonia se suma a la tendencia creciente entre los países europeos de dotarse de leyes espaciales nacionales —en sintonía con la necesidad de regular un sector estratégico en expansión y con notables implicaciones tecnológicas, económicas y jurídicas—, buscando convertirse en un hub competitivo en la economía espacial europea.
Roser Almenar Rodríguez, Responsable de la sección de Derecho espacial del Instituto de Derecho Iberoamericano, Investigadora Predoctoral FPU de Derecho Civil en la Universitat de València.
