El pasado 6 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados de Italia aprobó el proyecto de ley sobre economía espacial (“Disposizioni in materia di economia dello spazio”), una iniciativa legislativa que configura el primer marco jurídico integral del país para la regulación y promoción de las actividades espaciales nacionales. La propuesta, impulsada por el Primer Ministro y el Ministro de Empresas y del “Made in Italy”, se encuentra actualmente en fase de tramitación en el Senado, a la espera de su aprobación definitiva.
La Ley define el ámbito material de las actividades sujetas a regulación, incluyendo el lanzamiento, gestión en órbita y reentrada de objetos espaciales; la exploración y uso de recursos naturales en el espacio; y las actividades realizadas en cuerpos celestes y en el espacio ultraterrestre (a más de 100 km sobre el nivel del mar), incluyendo vuelos suborbitales. Se excluyen las operaciones realizadas por el Ministerio de Defensa y otros organismos de seguridad nacional.
Asimismo, se establece un sistema de autorizaciones individualizadas para operadores espaciales, quienes deberán cumplir con requisitos objetivos (seguridad, resiliencia y sostenibilidad ambiental) y subjetivos (conducta, competencia técnica, solidez financiera y cobertura de seguros adecuada), y se introduce un régimen de responsabilidad objetiva para los operadores espaciales por daños causados por objetos espaciales —ya sea en la superficie de la Tierra, fuera de esta o a aeronaves en vuelo.
En cuanto a la cobertura obligatoria de seguros, se exige una garantía mínima de hasta 100 millones de euros por siniestro, con posibles reducciones para proyectos de investigación o startups innovadoras. El régimen sancionador contempla multas de entre 150.000 y 500.000 euros por incumplimiento, así como penas de prisión de entre tres y seis años y sanciones económicas adicionales —de entre 20.000 y 50.000 euros— en caso operar sin la correspondiente autorización administrativa.
De especial relevancia es el artículo 25 del texto legal, que establece una reserva nacional de capacidad de transmisión, destinada a garantizar el acceso prioritario a servicios satelitales en situaciones críticas o cuando las redes terrestres no estén operativas. Esta reserva se asignará exclusivamente a operadores pertenecientes a Estados miembros de la UE o de la OTAN, con el objetivo de proteger los intereses estratégicos del país en el ámbito de las comunicaciones satelitales.
Con esta normativa, Italia se suma al grupo de Estados europeos —como Francia, Reino Unido o Países Bajos— que ya han adoptado leyes específicas para regular las actividades espaciales, posicionando a Italia como un actor clave en la gobernanza global del espacio mediante la inminente aprobación de esta norma.
Roser Almenar Rodríguez, Responsable de la sección de Derecho espacial del Instituto de Derecho Iberoamericano, Investigadora Predoctoral FPU de Derecho Civil en la Universitat de València.
