El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la validez de la resolución adoptada por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre la metodología ROSC para la región Core, que incluye trece Estados miembros.
El marco jurídico europeo establece mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad, siendo uno de ellos la metodología Regional Operational Security Coordination (ROSC). A través de este documento se definen los procedimientos de coordinación, validación y ejecución de medidas correctoras con impacto transfronterizo, esenciales para la seguridad de las redes eléctricas.
El 4 de diciembre de 2020, ante la falta de acuerdo entre los gestores de redes de transporte (GRT) y las autoridades reguladoras nacionales (ARN) de la región Core, la ACER aprobó la metodología ROSC para esta región. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., el operador de la red eléctrica en Polonia, recurrió dicha resolución al considerar que su alcance era excesivo y limitaba sus competencias nacionales en materia de seguridad operativa. Tras la desestimación de su reclamación por la Sala de Recursos de la ACER, interpuso un recurso ante el Tribunal General.
El Tribunal General ha desestimado el recurso en su totalidad, considerando que la ACER actuó dentro de sus competencias al modificar la propuesta inicial presentada por los GRT. Además, el fallo establece que la metodología impugnada respeta la normativa europea y que, en una red interconectada de alta complejidad como la de la región Core, la coordinación de medidas correctoras con impacto transfronterizo es necesaria.
Asimismo, la sentencia subraya que la metodología no priva a los gestores nacionales de su capacidad para gestionar los flujos de electricidad y garantizar la operatividad en sus redes.
Tampoco impide que los GRT utilicen el modelo de despacho central ni garanticen que se respeten los límites de tensión.
Por último, respecto a los posibles costes derivados de inversiones como los transformadores desfasados, el Tribunal recuerda que el principio de solidaridad energética puede implicar costes adicionales, siempre que se justifiquen en beneficio del conjunto del sistema energético europeo.
Manuel Jiménez Ibáñez, estudiante del Grado de Derecho en prácticas en el Instituto de Derecho Iberoamericano.
