En las últimas semanas, son varias las noticias que han aparecido en los medios de comunicación relacionadas de una forma u otra con el Derecho civil de Galicia.
Se destaca el hecho de que la renuncia a herencias se haya incrementado en Galicia, alcanzando la cifra de 778 entre los meses de abril y junio de 2018, récord para un trimestre. Son dos las explicaciones que se apuntan. Por un lado, la lógica y esperada del aumento de las deudas, que se traducen en elevados pasivos hereditarios. Por otro, la imposibilidad de que los gallegos en el exterior se beneficien de ciertas disposiciones fiscales.
También se informa de que el citado incremento de renuncias coincide con un aumento en el número de pactos sucesorios celebrados. Los 3.977 pactos firmados entre enero y marzo de 2018 confirman una tendencia al alza que se inició en 2016, año en que tuvieron lugar 15.295 pactos, seguidos de 16.436 en 2017, por los 7.345 que se habían producido en 2015. El notable aumento entre los daños 2015 y 2016 se debió en gran medida a la reforma fiscal que entró en vigor en enero del segundo año. Esta reforma vio reforzado su efecto con la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 9 de febrero de 2016, según la cual «los pactos sucesorios constituyen transmisiones patrimoniales lucrativas por causa de la muerte del contribuyente». De ello resulta la inclusión de tales pactos en el artículo 33.3.b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que significa que no deberán tributar como ganancia patrimonial.
Por último, en su momento el IDIBE recogió la noticia de que, según la Comisión superior para el estudio del desarrollo del Derecho civil gallego, Galicia carecía de competencia legislativa en materia de custodia compartida. Los informes y dictámenes de la citada comisión no son vinculantes, pero en este caso el Parlamento gallego ha aceptado la conclusión del órgano consultivo y, ante la falta de competencia para regular la materia, ha aprobado una proposición no de ley con el objetivo de solicitar al Gobierno español que garantice la custodia compartida. De acuerdo con el texto aprobado, «el Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a dirigirse al Gobierno de España para que modifique la legislación estatal en la materia a fin de que se garantice la corresponsabilidad parental y las relaciones familiares con ambos progenitores en el cese de la convivencia».
Ricardo Pazos Castro.
