En la doctrina científica argentina ha aparecido una importantísima obra llamada a ser libro de referencia sobre la materia. Dicha obra tiene como autora principal a la Profesora Graciela Medina (miembro del IDIBE), autora de renombre internacional en el ámbito del Derecho de Familia y conocida especialista en el tema de la responsabilidad civil en las relaciones familiares, sobre el que ha escrito números trabajos e impartido diversas conferencias y ponencias en Congresos nacionales e internacionales (en algunos de los cuales he tenido la fortuna de coincidir con ella y aprender de sus enseñanzas).
Consta de cuatro partes bien diferenciadas: la primera se dedica al análisis pormenorizado de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres; la segunda al de la Ley 24.417 de protección contra la violencia doméstica; la tercera, a un examen de la violencia familiar desde la perspectiva de los derechos humanos y del método comparado; y la cuarta, al de la responsabilidad civil por daños causados por ilícitos que tienen su origen en dicha clase de violencia.
El libro es de actualidad innegable, teniendo el mérito de abordar conjuntamente (y relacionar) dos cuestiones de gran calado jurídico y social: de un lado, la violencia familiar (lacra vergonzosa que oscurece el progreso de las modernas sociedades democráticas); y de otro, la cuestión de la reparación de los llamados (por la doctrina italiana) daños “endofamiliares”.
Son temas de gran calado, cuya vigencia tiene que ver con el tránsito de una familia de tipo patriarcal, en la que el marido y padre era el jefe de la misma y, en consecuencia, actuaba sin injerencias ni controles externos por parte del Estado, a otra, de tipo paritario y cooperativo, basada en los principios de libre desarrollo de la personalidad, igualdad de los cónyuges (o convivientes) y defensa del interés superior del menor.
La familia es, pues, ahora una institución, que, sin perder su importancia social, se convierte también en un cauce de desarrollo de la personalidad de quienes la componen, los cuales no pueden ver mermados ni un ápice su dignidad y sus derechos fundamentales, por lo que los poderes públicos deben intervenir con energía para garantizarlos frente a los actos de violencia que tengan lugar en el seno de la misma. Ello, exige, desde luego, el reclamo a las normas del Derecho Penal, pero, también a las reguladoras de la responsabilidad civil: la víctima del delito tiene derecho a una tutela integral, que incluya también la reparación del daño que, como consecuencia del ilícito sufre, aspecto éste, que el libro que se reseña trata con gran acierto.
José Ramón de Verda y Beamonte, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia
