La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, condena a un notario ya jubilado, por un delito continuado de apropiación indebida de los fondos de sus clientes, quienes, confiados en su credibilidad profesional, le entregaron dinero para que realizara actuaciones, tales como liquidación de impuestos, pago de tasas, actas o inscripciones en el Registro de la propiedad.
Sin embargo, tanto en 2005, como entre los años 2009 y 2015, tras jubilarse, el acusado, valiéndose de una empresa cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados, se apropió de forma ilícita y con ánimo de enriquecimiento injusto, de una cantidad que asciende a400.920,39 euros, la cual destinó a su uso personal.
En consecuencia, el condenado se enfrenta a cuatro años de prisión, a una multa de 30.000 euros y al pago de una indemnización a los perjudicados en la cantidad de la que se apropió (400.920,39 euros).
En la sentencia, el Tribunal, finalmente, absuelve a la esposa del acusado, quién fue administradora única de la empresa durante un tiempo, debido a la falta de hechos que prueben que estaba involucrada en el delito o haber obtenido beneficio de las cantidades apropiadas ilícitamente por su marido.
Laura Gutiérrez Rosales, estudiante en prácticas en el IDIBE
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
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Sin embargo, tanto en 2005, como entre los años 2009 y 2015, tras jubilarse, el acusado, valiéndose de una empresa cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados, se apropió de forma ilícita y con ánimo de enriquecimiento injusto, de una cantidad que asciende a400.920,39 euros, la cual destinó a su uso personal.
En consecuencia, el condenado se enfrenta a cuatro años de prisión, a una multa de 30.000 euros y al pago de una indemnización a los perjudicados en la cantidad de la que se apropió (400.920,39 euros).
En la sentencia, el Tribunal, finalmente, absuelve a la esposa del acusado, quién fue administradora única de la empresa durante un tiempo, debido a la falta de hechos que prueben que estaba involucrada en el delito o haber obtenido beneficio de las cantidades apropiadas ilícitamente por su marido.
Laura Gutiérrez Rosales, estudiante en prácticas en el IDIBE
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