El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que los Estados miembros no pueden impedir, mediante una prohibición general y abstracta, que los productores de alimentos a base de proteínas vegetales cumplan, mediante la utilización de denominaciones habituales o descriptivas, la obligación de indicar la denominación de esos alimentos.
La decisión responde a una solicitud del Consejo de Estado francés, que planteó varias cuestiones prejudiciales en relación con el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Esto se produjo tras la impugnación por parte de cuatro entidades que operan en el sector de los productos vegetarianos y vegetales del decreto francés que prohíbe utilizar términos tradicionalmente asociados a productos de origen animal para productos vegetales, incluso si van acompañados de aclaraciones como «vegetal» o «de soja».
El Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión establece una presunción refutable según la cual se protege de modo suficiente a los consumidores, incluso en supuestos de sustitución total del único componente o ingrediente. En este contexto, los Estados miembros solo pueden imponer requisitos adicionales si se recurre a denominaciones legales claramente definidas y asociadas a condiciones específicas.
Asimismo, el Tribunal subraya que una prohibición general de términos cárnicos en productos vegetales es contraria al Derecho de la Unión. De igual forma, añade que la armonización expresa contemplada por el Derecho de la Unión se opone a que los Estados miembros dicten una medida nacional que fije la proporción mínima de proteínas vegetales por debajo de la cual se permita el uso de estas denominaciones.
No obstante, si una autoridad nacional estima que las condiciones específicas de venta o de promoción de un alimento inducen a engaño al consumidor, podrá intervenir contra el operador del sector alimentario en cuestión demostrando que la presunción anterior ha quedado desvirtuada.
Manuel Jiménez Ibáñez, estudiante del Grado de Derecho en prácticas en el Instituto de Derecho Iberoamericano.
