STS (Sala 1ª) de 24 de septiembre de 2026, rec. nº 1419/2022
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“(…) La exigencia normativa del consentimiento (…) íntimamente ligadas con los arts. 10 y 15 de la Constitución, implica que ninguna injerencia se pueda llevar a efecto en la integridad física de una persona sin su consentimiento, una vez reciba la correspondiente información suficiente y comprensible por parte del personal médico actuante sobre el diagnóstico, pronóstico, riesgos típicos y alternativas terapéuticas existentes sobre un concreto tratamiento que se le va a dispensar.
(…) El consentimiento informado constituye de esta manera el salvoconducto que permite al médico tratante superar la barrera de la integridad física de su paciente. En definitiva, consentir o denegar la intervención que se le propone conforma una decisión que, exclusivamente, pertenece al paciente como sujeto pasivo de cualquier intervención o tratamiento (STS 493/2026, de 6 de abril).
Desde el punto de vista de su estructura, son dos sus elementos configuradores: la información y el consentimiento, toda vez que no puede existir un consentimiento autónomo y válido cuando no se cuenta con la suficiente información previa para adoptar una decisión consciente y libre, que otorgue legitimidad a la injerencia médica en la integridad física del paciente, configurada como obligación integrante de la lex artis que rige en el ámbito de la asistencia sanitaria.
(…) Esta Sala declaró que la legislación sanitaria ha consagrado el principio de autonomía de la voluntad del paciente, concebido como el derecho que le corresponde para determinar los tratamientos en los que se encuentran comprometidos su vida e integridad física, que constituyen decisiones personales que exclusivamente le pertenecen, una vez recibida la información suficiente (…).
También, hemos señalado reiteradamente que el consentimiento informado es presupuesto y elemento integrante de la lex artis médica (…).
(…) Pues bien, en el caso presente, se le hurtó al demandante un dato trascendente a la hora de tomar su decisión de someterse a la técnica (…) cual era que, al llevarse a efecto la intervención, (…) se reputaba por la comunidad científica como un procedimiento experimental con respecto al cual se desconocía la supervivencia a largo plazo.
(…) No podemos compartir la sentencia del tribunal provincial, puesto que si considera que debió suministrarse dicha información no cabe obtener orea conclusión de que se le privó de la posibilidad de elegir, con todo conocimiento de causa, someterse a dicho tratamiento u otro alternativo (…), con lo que se vulneró el derecho al consentimiento informado con sus correlativas consecuencias jurídicas que lo protegen y garantizan” (F. D. 3º) [Beatriz Extremera Fernández].
