STS (Sala 1ª) de 21 de julio de 2026, rec. nº 737/2022
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“(…) los recurrentes alegan la ‘incorrecta determinación del plazo de prescripción de la acción para exigir responsabilidad de los patronos de fundaciones. La Ley 50/2002 de Fundaciones no contempla un plazo de prescripción y la sentencia recurrida aplica el plazo de 5 años (antes 15) establecido en el artículo 1964.2 CC en vez del de 4 años previsto en el 949 del Código de Comercio inaplicando los mecanismos de integración e interpretación del ordenamiento previstos en los artículos 3.1 y 4.1 del CC’ (…).
Es dudoso que en este caso pueda afirmarse que existe una laguna legal pues si bien es cierto que no existe una previsión expresa en la ley de fundaciones, ni en la estatal ni en la autonómica valenciana (esta no contiene una regulación propia sino que su art. 16.2 se remite al art. 17 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para la regulación de la responsabilidad de los patronos), sobre el plazo de prescripción de la acción de exigencia de responsabilidad de los patronos de la fundación, existe una norma de cierre (…) que establece un plazo de prescripción para las acciones personales que no tengan previsto un plazo especial. Como se argumenta en la oposición al recurso, existiendo un régimen legal de supletoriedad o una previsión legal de cierre [ ] es difícil aceptar que exista una laguna legal.
Pero, en todo caso, lo que evidentemente no concurre es una identidad de razón jurídica, la ‘similitud jurídica esencial’ entre la acción de responsabilidad del patrono de la fundación, que permita la aplicación analógica a la acción de exigencia de responsabilidad de los miembros del Patronato de una fundación del plazo previsto para la preinscripción de las acciones de exigencia de responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles (…).
La sociedad mercantil tiene como finalidad típica la obtención de beneficios y su reparto entre los socios. El patrimonio social sirve para desarrollar la actividad económica propia del objeto social y de este modo generar los rendimientos que permitirán el reparto de dividendos y, en su caso, de la cuota de liquidación entre los socios.
La fundación, por el contrario, tiene fines de interés general (…) a los que ha de destinar efectivamente su patrimonio y rentas (…) con prohibición de atribuir beneficios patrimoniales a patronos o personas vinculadas (…), salvo los supuestos legalmente admitidos.
Así pues, al tener una naturaleza tan diferente unas personas jurídicas (las sociedades mercantiles) de otras (las fundaciones), no concurre la identidad de razón jurídica exigible para aplicar analógicamente el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad del administrador social a la acción de exigencia de responsabilidad de los miembros del Patronato de una fundación en aquellas comunidades autónomas cuya normativa reguladora de las fundaciones no contenga una previsión específica sobre esta cuestión, como es el caso de la Comunidad Valenciana.
(…) Los recurrentes invocan en el motivo del recurso la regulación del plazo de prescripción de esta acción que se contiene en las leyes autonómicas que regulan las fundaciones en otras comunidades autónomas. Estas normas no pueden ser aplicadas a la acción de exigencia de responsabilidad de los patronos de las fundaciones de aquellas comunidades autónomas en cuya normativa reguladora de las fundaciones no exista tal previsión legal.
(…) No se trata, por tanto, de una cuestión de jerarquía normativa sino de supletoriedad del derecho estatal en aquellas cuestiones no reguladas por el derecho autonómico. Por tanto, ante la falta de previsión del plazo de prescripción de la acción en la norma autonómica, es aplicable el plazo previsto en el Código Civil para las acciones personales que no tengan previsto un plazo especial” (F. D. 3º) [Beatriz Extremera Fernández].
