STS (Sala 4ª) de 23 de febrero de 2016, rec. nº 3271/2014.
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“Con arreglo a lo expuesto en precedentes ocasiones, la doctrina de esta Sala está claramente representada por la sentencia de contraste y su contenido lo venimos resumiendo del siguiente modo:
1) Los requisitos legales de ‘existencia de pareja de hecho’ y de ‘convivencia estable y notoria’, establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente.
2) En el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son asimismo diferentes.
3) La ‘existencia de pareja de hecho’ debe acreditarse, de acuerdo con el repetidamente citado artículo 174.3 LGSS, bien mediante ‘inscripción en registro específico’ de parejas de hecho, bien mediante ‘documento público en el que conste la constitución’ de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas.
4) La existencia de pareja de hecho ha de acreditarse en los términos del art. 174.3 LGSS, pues la voluntad de la ley es limitar la atribución de la pensión a las parejas de hecho regularizadas.
5) De ahí que los elementos de acreditación de la constitución de la pareja hayan de ser necesariamente, los que el precepto legal expresamente establece.
6) La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal – ad solemnitatem – de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de ‘análoga relación de afectividad a la conyugal’, con dos años de antelación al hecho causante (en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio).
7) La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las ‘parejas de derecho’ y no a las genuinas ‘parejas de hecho’” (F.D. 1º) [E.T.V.].
