La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar la denuncia presentada por COVITE por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil en Alsasua (Navarra).
En el auto, la titular del JCI aporta una serie de sentencias del Tribunal Supremo con el fin de argumentar que tal agresión pueden ser constitutiva de un delito de terrorismo, atendiendo especialmente al elemento subjetivo del tipo: “así el delito ha de ser cometido con uno de estos fines: intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país u organización internacional”. Esta definición ha sido recogida en la reforma del CP operada por la LO 2/2015, de 30 de marzo.
En este sentido, el razonamiento jurídico segundo señala lo siguiente: “teniendo en cuenta los razonamientos expuestos en el anterior apartado y pudiendo constituir los hechos en el mismo referidos un delito de terrorismo del art. 573 del Código Penal, según la nueva redacción dada por la Ley 2/2015, procede de conformidad con lo dispuesto en la D.T de la L.O. 4/1988 y los artículos 65. 7º y 88 de la LOPJ, aceptar la competencia de este Juzgado para el conocimiento de los hechos y practicar las diligencias que se dirán en la parte dispositiva de la siguiente resolución.”
En consecuencia, la magistrada acuerda practicar diligencias, entre ellas, requerir al juzgado de instrucción de Pamplona que conoce de los hechos testimonio íntegro de las diligencias incoadas, así como librar oficio a la Guardia Civil para que con carácter urgente emita informe sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua [Carlos Peñalosa Torné].
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
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