La controversia resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional, tiene su origen en un conflicto de competencia interpuesto por el Gobierno Vasco contra el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. El Tribunal considera que la actuación del Gobierno encuentra cobertura en el art.149.1.1 CE, que otorga competencia exclusiva al Estado para garantizar un derecho o beneficio a un colectivo determinado buscando unas condiciones equitativas en el todo el territorio español.
El Tribunal apela a que las competencias autonómicas no invalidan la operatividad para el Estado del art. 149.1. CE. Subraya, además, que la norma en liza busca la homogenización para facilitar la libertad de circulación. Respecto a las personas discapacitadas y ese derecho, el órgano colegiado recuerda el deber de todas las administraciones públicas de remover los obstáculos que impidan o dificulten el disfrute de ese derecho a las personas con algún tipo de discapacidad (art. 9.2 CE), y además, hace mención de la significancia del art. 49 CE respecto a estas personas.
Del análisis del Tribunal de los diferentes preceptos de la norma impugnada declara la adecuación a la Constitución de la mayoría de ellos pero constata dos salvedades. La primera relativa al art.8 que por las características de su contenido (establecimiento de una serie de obligaciones y un régimen sancionador para el usuario incumplidor) invade las competencias autonómicas porque el Estado busca “establecer un régimen jurídico completo”; la segunda relativa al art. 10 que incurre en una actitud similar a la del art. 8 al fijar el Estado unas medidas detalladas sobre la renovación de la tarjeta.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por la Magistrada y Vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua. [Ricardo Andreu Ibáñez]
