El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene lo dictado en la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, por la que se condena a dos cargos políticos, en concreto a la ex alcaldesa de Alcalá del Valle y a un ex concejal por el abuso de poder a la hora de realizar varios contratos temporales “a dedo” durante los meses de marzo y septiembre del 2015.
La pena impuesta por el delito continuado de prevaricación es de ocho años y medio de inhabilitación especial para el cargo de alcaldesa, teniente de alcalde o concejal.
Ambos se ampararon en que existía una supuesta necesidad social de los contratados, la cual, en ningún momento fue justificada. La secretaria-interventora del Ayuntamiento llegó a advertir de que la formalización de los contratos “no se ajustaba a Derecho”, ya que no constaban méritos a valorar, las funciones que iban a desarrollar, el sistema de elección y un largo etcétera de condiciones que no cumplían.
El TSJA sostiene que en ningún caso tuvieron en cuenta la ilegalidad de los actos poniendo por encima la voluntad de los acusados para la realización de los contratos ilegítimos. La ilegalidad de dichos hechos es de conocimiento general y más por las personas que los han realizado teniendo el cargo político que ostentaban, por lo que no puede eximirse en ningún momento de tal castigo.
Destacar finalmente que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Alejandra Lafuente Martínez. Graduada en Derecho.
