La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ratificando íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia de Tenerife, ha condenado a un padre y su hijo, acusados de un delito de falsedad en documento privado, en concurso con un delito de estafa procesal, a cuatro años y tres años y seis meses, respectivamente, de prisión.
La Sala da por probado que el padre, asesor externo de la empresa Viproten S. L., circunstancia que aprovechó para hacerse con el sello de dicha empresa, y su hijo, trabajador eventual de aquélla, realizaron contratos simulados, con condiciones laborales irreales, con fecha de 2006, presentándolos, como auténticos, en 2007 en la Oficina del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. En el año 2009, en los meses de febrero y marzo, los acusados presentaron las solicitudes para la prestación contributiva, acompañadas por los certificados correspondientes y en consonancia con los falsos contratos previamente redactados, consiguiendo su objetivo, esto es, las prestaciones por desempleo.
Motivados por el mismo ánimo de lucro, con posterioridad, presentaron demanda por despido improcedente, presentando como pruebas cartas firmadas por el administrador de Viproten S. L., así como falsas nóminas y los contratos de trabajo simulados. La magistrada de lo Social, creyendo la veracidad de los hechos, dicta resoluciones favorables y obliga al pago de las indemnizaciones correspondientes. Tras estos hechos, es el jefe de la oficina de FOGASA quien descubre el engaño y realiza la denuncia pertinente.
De esta manera, los acusados no sólo son condenados a prisión, sino también a devolver las cantidades percibidas de forma fraudulenta tanto a FOGASA como a la administración pública. [Kirian Riquelme Saldivia.].
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
