En una tribuna anterior, he tenido la ocasión de realizar una serie de observaciones con respecto a la reventa de entradas desde un punto de vista regulatorio, aprovechando la aprobación de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, que contiene algunas disposiciones sobre ese tema. Quería poner de relieve que existen algunos argumentos a favor de permitir la reventa de entradas sin someterla, tampoco, a ningún límite en cuanto al recargo que el revendedor puede cobrar. La reflexión pretendía servir como contrapunto de una opinión negativa sobre la reventa de entradas que es habitual entre el gran público, con el ánimo de fomentar un debate equilibrado.
Pues bien, esta tribuna adopta la misma perspectiva con respecto a una cuestión de interés para los pasajeros aéreos, como es la limitación del precio del agua que se impondrá en los aeropuertos españoles. En efecto, la prensa se ha hecho eco recientemente de que el gestor aeroportuario Aena ha incluido, entre las condiciones para la adjudicación en concurso de espacios comerciales y de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, la obligación de que las tiendas de conveniencia y dichas máquinas ofrezcan botellas de agua a un euro. Las primeras deberán ofrecer a ese precio botellas de 33 centilitros, mientras que, para las máquinas expendedoras, las botellas serán de 50 centilitros. Y, si en la anterior tribuna incluí una sucinta referencia al economista francés FRÉDÉRIC BASTIAT, nuevamente he de mencionarle aquí, porque otra idea suya sirve de inspiración para mis comentarios. Más concretamente, aquella que incide en la necesidad de no permanecer en lo obvio, en lo evidente, en los efectos más visibles de las normas; sino profundizar en ellas y tratar de identificar las consecuencias que se difieren en el tiempo y que quedan ocultas. En definitiva, que el buen análisis es aquel que tiene en cuenta «lo que se ve y lo que no se ve».
Obligar a que en los aeropuertos haya a la venta botellas de agua a un euro es una medida cuyos efectos positivos son fácilmente constatables. Todos nos hemos encontrado alguna vez en una terminal y, al ir a comprar una botella de agua, ver que el precio que debíamos pagar era varias veces superior al que se cobra por esa misma botella ya no solo en un supermercado, sino también en cualquier cafetería situada fuera del aeropuerto. Hemos tenido que pagar por ella aproximadamente tres euros, y ahora se nos presentará la posibilidad de encontrar ese producto sensiblemente más barato. Nos damos cuenta de que, gracias a esa medida, todos podremos ahorrar unos dos euros en cada botella de agua que compremos mientras esperamos nuestro vuelo.
Eso es “lo que se ve”. Podemos visualizar fácilmente el ahorro potencial que conseguiremos, y cada uno de nosotros, cuando nos encontremos en un aeropuerto y compremos una botella de agua, obtendrá un claro beneficio personal, fácilmente identificable. En este contexto, la única pregunta que parece caber es cómo esta medida no se ha tomado mucho antes.
Sin embargo, también hay que considerar los problemas que presenta semejante limitación del precio del agua. Ahorrar unos dos euros en cada botella es un beneficio que cada persona interioriza, pero es un beneficio “bruto”. Otras consecuencias de la medida estudiada, menos visibles y que quizás solo puedan observarse pasado un tiempo, podrían llegar a eliminar ese beneficio y convertirlo en una pérdida “neta”. No estoy afirmando que obligar a ofrecer agua a un euro reduzca en última instancia el bienestar de los ciudadanos en general, y de los pasajeros aéreos en particular. Solo quiero poner de manifiesto la conveniencia de mirar la cuestión más pausadamente. Veamos qué problemas plantea la medida objeto de esta reflexión.
1. Seamos más proclives al libre mercado o más partidarios de una amplia regulación de la actividad económica, probablemente todos coincidamos en que, si hay varias alternativas para alcanzar un resultado, en igualdad de condiciones es preferible aquella que resulte menos restrictiva de la libertad personal. Pues bien, la obligación de ofrecer agua a un euro no es la medida menos restrictiva de la libertad que permite que los pasajeros obtengan acceso a agua en los aeropuertos para calmar la sed. Para garantizar eso, bastaría con colocar fuentes de agua gratuitas cada X metros en las terminales. Esto permitiría a los pasajeros cubrir la necesidad básica, y quien desease una mayor cantidad —por ejemplo, para tener agua durante el viaje en avión sin tener que comprarla a través del servicio de restauración a bordo— podría adquirir una botella al precio de mercado.
2. Al limitar el precio del agua, al igual que sucede limitando el precio de cualquier bien —sea al alza, sea a la baja, sea fijándolo directamente—, se distorsiona la información existente en el mercado, y, con ello, el comportamiento de las personas y de las empresas. Como explicó perfectamente HENRY HAZLITT en el capítulo 16 de «La economía en una lección», cuando se establece el precio de un bien a un nivel inferior al precio de mercado, se generan tres consecuencias: un aumento de la demanda (más gente interesada en adquirirlo), una reducción de las existencias (consecuencia de la mayor demanda), y una reducción de la oferta (como el margen de beneficio es menor, a los empresarios les interesa menos producir y comercializar ese bien). El autor concluía que, en el mejor de los casos, fijar como precio máximo de un bien un precio inferior al de mercado lleva a la escasez de ese bien. Los tres efectos descritos son consecuencias lógicas que también pueden tener lugar en el caso de los aeropuertos. Más personas optarán por consumir agua en lugar de otras bebidas, disminuyendo las existencias. Y, dada la reducción del margen de beneficio, menos empresarios estarán interesados en colocar sus máquinas expendedoras en las terminales de los aeropuertos, siendo posible preguntarse si las tiendas de conveniencia tendrán suficientes incentivos para mantener un número importante de botellas de agua. Sobre todo, teniendo en cuenta que la competencia se encuentra limitada y que los pasajeros no siempre disponen del tiempo necesario para acudir a otras tiendas situadas en la misma terminal.
3. El hecho de distorsionar el comportamiento de las personas tiene efectos sobre la competencia. Al fomentar que más personas consuman agua y no otras bebidas, se favorece a aquellas empresas que tienen agua entre su oferta de productos, en detrimento de aquellas otras empresas cuyo modelo de negocio está limitado a refrescos, café, zumos, etc. Además, hay que reparar en que las empresas pequeñas normalmente necesitan especializarse y carecen de la capacidad económica para incorporarse al mercado del agua embotellada. Por el contrario, las grandes empresas que ofrecen bebidas sí suelen contar con una línea de agua embotellada. En consecuencia, la limitación del precio del agua a un euro aparentemente beneficia a las empresas más fuertes.
Sin duda, este tercer punto también permite abrir el debate sobre la promoción de la salud por parte de los poderes públicos. Por razones obvias, no es esta tribuna el lugar para analizar en detalle la discusión que seguiría por esta vía, pero sí es posible apuntar el quid de la cuestión. Los partidarios de la medida argumentarían que el fomento del consumo de agua en lugar de, por ejemplo, bebidas azucaradas, constituye un beneficio para la sociedad en su conjunto, mejorando la salud de los ciudadanos y promoviendo hábitos saludables. Los detractores podrían alegar que no se trata de una cuestión de salud pública, como sí serían por ejemplo las epidemias o la proliferación de la gripe en determinados momentos del año, sino una cuestión de salud privada: la persona estaría disponiendo de su libertad, sin causar ningún daño a otros. Si, pudiendo adquirir agua a un precio de mercado similar al de una bebida azucarada —como sucede en los aeropuertos en ausencia de una fijación de precios—, un viajero adquiriese la segunda, su elección de consumo demostraría que en ese momento concreto el bienestar que consigue con la bebida azucarada es superior a la potencial pérdida de salud.
4. El hecho de que más personas tiendan a comprar agua por su bajo precio, perjudica a los servicios de restauración de los aeropuertos y al servicio de catering a bordo de las compañías aéreas. Si una botella de agua cuesta unos tres euros, el pasajero decidirá si le compensa pagar ese precio en una tienda de conveniencia o en una máquina expendedora, o bien pagar quizás un poco más pero tomar la consumición en un local o, directamente, en el avión. En estos últimos casos, los empresarios entran en contacto con el pasajero, en el sentido de que tienen la oportunidad de presentarle otros productos de su oferta (en particular, menús predeterminados). Cuando una botella de agua cuesta solo un euro, la decisión del pasajero será más frecuentemente no consumir en los locales del aeropuerto y no hacer uso del servicio de catering a bordo, con la consiguiente pérdida de oportunidad de negocio para los restauradores. Como consecuencia de ello, los beneficios de las empresas caerán en mayor o menor medida, desincentivando los servicios de restauración y generando una reducción de la oferta. Esto, por supuesto, conllevaría también una disminución en la oferta de puestos de trabajo para locales situados en las terminales de los aeropuertos. Además, con relación a los empresarios que sigan deseando establecerse en las terminales, la cantidad que estarán dispuestos a pagar será menor, dada la menor expectativa de beneficio.
5. El alto precio de las bebidas no es un fenómeno exclusivo de los aeropuertos. Sucede en numerosos ámbitos en los cuales los consumidores valoran mucho disponer de ellas —por lo que están dispuestos a pagar más—, y con una mayor incidencia si la oferta es limitada. Piénsese en determinados lugares turísticos, en los espectáculos deportivos, en las salas de cine, en los conciertos, en las discotecas, o incluso en los restaurantes. En todas estas situaciones, el precio de las bebidas supera bastante el precio que el producto tiene en cualquier supermercado. Limitar el precio del agua en los aeropuertos podría constituir solo un primer paso para limitar su precio en otros muchos sectores, especialmente cuando se requieren licencias y permisos administrativos concretos para poder prestar un servicio o celebrar un evento. Entraríamos entonces en una «pendiente resbaladiza».
Los cinco puntos anteriores forman parte de “lo que no se ve”. Consecuencias que, a diferencia del beneficio bruto que es el ahorro de aproximadamente dos euros en cada botella de agua, no se perciben fácilmente, se difieren en el tiempo, y se proyectan sobre todos los pasajeros, de tal modo que las personas no somos conscientes de ellas (ni mucho menos, las interiorizamos).
Como conclusión, reitero que estas líneas no sirven para afirmar que limitar el precio del agua a un euro es una medida que comporta un perjuicio neto para los pasajeros o para los ciudadanos en general. El único objetivo es dejar constancia de que cualquier medida regulatoria, por muy favorable que parezca a simple vista, entraña costes que deberían ser tenidos en cuenta. El progreso de la sociedad depende de ello.
Ricardo Pazos Castro, Dr. en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Pues bien, esta tribuna adopta la misma perspectiva con respecto a una cuestión de interés para los pasajeros aéreos, como es la limitación del precio del agua que se impondrá en los aeropuertos españoles. En efecto, la prensa se ha hecho eco recientemente de que el gestor aeroportuario Aena ha incluido, entre las condiciones para la adjudicación en concurso de espacios comerciales y de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, la obligación de que las tiendas de conveniencia y dichas máquinas ofrezcan botellas de agua a un euro. Las primeras deberán ofrecer a ese precio botellas de 33 centilitros, mientras que, para las máquinas expendedoras, las botellas serán de 50 centilitros. Y, si en la anterior tribuna incluí una sucinta referencia al economista francés FRÉDÉRIC BASTIAT, nuevamente he de mencionarle aquí, porque otra idea suya sirve de inspiración para mis comentarios. Más concretamente, aquella que incide en la necesidad de no permanecer en lo obvio, en lo evidente, en los efectos más visibles de las normas; sino profundizar en ellas y tratar de identificar las consecuencias que se difieren en el tiempo y que quedan ocultas. En definitiva, que el buen análisis es aquel que tiene en cuenta «lo que se ve y lo que no se ve».
Obligar a que en los aeropuertos haya a la venta botellas de agua a un euro es una medida cuyos efectos positivos son fácilmente constatables. Todos nos hemos encontrado alguna vez en una terminal y, al ir a comprar una botella de agua, ver que el precio que debíamos pagar era varias veces superior al que se cobra por esa misma botella ya no solo en un supermercado, sino también en cualquier cafetería situada fuera del aeropuerto. Hemos tenido que pagar por ella aproximadamente tres euros, y ahora se nos presentará la posibilidad de encontrar ese producto sensiblemente más barato. Nos damos cuenta de que, gracias a esa medida, todos podremos ahorrar unos dos euros en cada botella de agua que compremos mientras esperamos nuestro vuelo.
Eso es “lo que se ve”. Podemos visualizar fácilmente el ahorro potencial que conseguiremos, y cada uno de nosotros, cuando nos encontremos en un aeropuerto y compremos una botella de agua, obtendrá un claro beneficio personal, fácilmente identificable. En este contexto, la única pregunta que parece caber es cómo esta medida no se ha tomado mucho antes.
Sin embargo, también hay que considerar los problemas que presenta semejante limitación del precio del agua. Ahorrar unos dos euros en cada botella es un beneficio que cada persona interioriza, pero es un beneficio “bruto”. Otras consecuencias de la medida estudiada, menos visibles y que quizás solo puedan observarse pasado un tiempo, podrían llegar a eliminar ese beneficio y convertirlo en una pérdida “neta”. No estoy afirmando que obligar a ofrecer agua a un euro reduzca en última instancia el bienestar de los ciudadanos en general, y de los pasajeros aéreos en particular. Solo quiero poner de manifiesto la conveniencia de mirar la cuestión más pausadamente. Veamos qué problemas plantea la medida objeto de esta reflexión.
1. Seamos más proclives al libre mercado o más partidarios de una amplia regulación de la actividad económica, probablemente todos coincidamos en que, si hay varias alternativas para alcanzar un resultado, en igualdad de condiciones es preferible aquella que resulte menos restrictiva de la libertad personal. Pues bien, la obligación de ofrecer agua a un euro no es la medida menos restrictiva de la libertad que permite que los pasajeros obtengan acceso a agua en los aeropuertos para calmar la sed. Para garantizar eso, bastaría con colocar fuentes de agua gratuitas cada X metros en las terminales. Esto permitiría a los pasajeros cubrir la necesidad básica, y quien desease una mayor cantidad —por ejemplo, para tener agua durante el viaje en avión sin tener que comprarla a través del servicio de restauración a bordo— podría adquirir una botella al precio de mercado.
2. Al limitar el precio del agua, al igual que sucede limitando el precio de cualquier bien —sea al alza, sea a la baja, sea fijándolo directamente—, se distorsiona la información existente en el mercado, y, con ello, el comportamiento de las personas y de las empresas. Como explicó perfectamente HENRY HAZLITT en el capítulo 16 de «La economía en una lección», cuando se establece el precio de un bien a un nivel inferior al precio de mercado, se generan tres consecuencias: un aumento de la demanda (más gente interesada en adquirirlo), una reducción de las existencias (consecuencia de la mayor demanda), y una reducción de la oferta (como el margen de beneficio es menor, a los empresarios les interesa menos producir y comercializar ese bien). El autor concluía que, en el mejor de los casos, fijar como precio máximo de un bien un precio inferior al de mercado lleva a la escasez de ese bien. Los tres efectos descritos son consecuencias lógicas que también pueden tener lugar en el caso de los aeropuertos. Más personas optarán por consumir agua en lugar de otras bebidas, disminuyendo las existencias. Y, dada la reducción del margen de beneficio, menos empresarios estarán interesados en colocar sus máquinas expendedoras en las terminales de los aeropuertos, siendo posible preguntarse si las tiendas de conveniencia tendrán suficientes incentivos para mantener un número importante de botellas de agua. Sobre todo, teniendo en cuenta que la competencia se encuentra limitada y que los pasajeros no siempre disponen del tiempo necesario para acudir a otras tiendas situadas en la misma terminal.
3. El hecho de distorsionar el comportamiento de las personas tiene efectos sobre la competencia. Al fomentar que más personas consuman agua y no otras bebidas, se favorece a aquellas empresas que tienen agua entre su oferta de productos, en detrimento de aquellas otras empresas cuyo modelo de negocio está limitado a refrescos, café, zumos, etc. Además, hay que reparar en que las empresas pequeñas normalmente necesitan especializarse y carecen de la capacidad económica para incorporarse al mercado del agua embotellada. Por el contrario, las grandes empresas que ofrecen bebidas sí suelen contar con una línea de agua embotellada. En consecuencia, la limitación del precio del agua a un euro aparentemente beneficia a las empresas más fuertes.
Sin duda, este tercer punto también permite abrir el debate sobre la promoción de la salud por parte de los poderes públicos. Por razones obvias, no es esta tribuna el lugar para analizar en detalle la discusión que seguiría por esta vía, pero sí es posible apuntar el quid de la cuestión. Los partidarios de la medida argumentarían que el fomento del consumo de agua en lugar de, por ejemplo, bebidas azucaradas, constituye un beneficio para la sociedad en su conjunto, mejorando la salud de los ciudadanos y promoviendo hábitos saludables. Los detractores podrían alegar que no se trata de una cuestión de salud pública, como sí serían por ejemplo las epidemias o la proliferación de la gripe en determinados momentos del año, sino una cuestión de salud privada: la persona estaría disponiendo de su libertad, sin causar ningún daño a otros. Si, pudiendo adquirir agua a un precio de mercado similar al de una bebida azucarada —como sucede en los aeropuertos en ausencia de una fijación de precios—, un viajero adquiriese la segunda, su elección de consumo demostraría que en ese momento concreto el bienestar que consigue con la bebida azucarada es superior a la potencial pérdida de salud.
4. El hecho de que más personas tiendan a comprar agua por su bajo precio, perjudica a los servicios de restauración de los aeropuertos y al servicio de catering a bordo de las compañías aéreas. Si una botella de agua cuesta unos tres euros, el pasajero decidirá si le compensa pagar ese precio en una tienda de conveniencia o en una máquina expendedora, o bien pagar quizás un poco más pero tomar la consumición en un local o, directamente, en el avión. En estos últimos casos, los empresarios entran en contacto con el pasajero, en el sentido de que tienen la oportunidad de presentarle otros productos de su oferta (en particular, menús predeterminados). Cuando una botella de agua cuesta solo un euro, la decisión del pasajero será más frecuentemente no consumir en los locales del aeropuerto y no hacer uso del servicio de catering a bordo, con la consiguiente pérdida de oportunidad de negocio para los restauradores. Como consecuencia de ello, los beneficios de las empresas caerán en mayor o menor medida, desincentivando los servicios de restauración y generando una reducción de la oferta. Esto, por supuesto, conllevaría también una disminución en la oferta de puestos de trabajo para locales situados en las terminales de los aeropuertos. Además, con relación a los empresarios que sigan deseando establecerse en las terminales, la cantidad que estarán dispuestos a pagar será menor, dada la menor expectativa de beneficio.
5. El alto precio de las bebidas no es un fenómeno exclusivo de los aeropuertos. Sucede en numerosos ámbitos en los cuales los consumidores valoran mucho disponer de ellas —por lo que están dispuestos a pagar más—, y con una mayor incidencia si la oferta es limitada. Piénsese en determinados lugares turísticos, en los espectáculos deportivos, en las salas de cine, en los conciertos, en las discotecas, o incluso en los restaurantes. En todas estas situaciones, el precio de las bebidas supera bastante el precio que el producto tiene en cualquier supermercado. Limitar el precio del agua en los aeropuertos podría constituir solo un primer paso para limitar su precio en otros muchos sectores, especialmente cuando se requieren licencias y permisos administrativos concretos para poder prestar un servicio o celebrar un evento. Entraríamos entonces en una «pendiente resbaladiza».
Los cinco puntos anteriores forman parte de “lo que no se ve”. Consecuencias que, a diferencia del beneficio bruto que es el ahorro de aproximadamente dos euros en cada botella de agua, no se perciben fácilmente, se difieren en el tiempo, y se proyectan sobre todos los pasajeros, de tal modo que las personas no somos conscientes de ellas (ni mucho menos, las interiorizamos).
Como conclusión, reitero que estas líneas no sirven para afirmar que limitar el precio del agua a un euro es una medida que comporta un perjuicio neto para los pasajeros o para los ciudadanos en general. El único objetivo es dejar constancia de que cualquier medida regulatoria, por muy favorable que parezca a simple vista, entraña costes que deberían ser tenidos en cuenta. El progreso de la sociedad depende de ello.
Ricardo Pazos Castro, Dr. en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
