Autor: Paolo Misuraca, Investigador Predoctoral, LUMSA, Palermo
1. Consideraciones preliminares: el consentimiento matrimonial como fundamento de la validez del matrimonio
La relación entre discapacidad y validez del consentimiento matrimonial constituye una cuestión de especial relevancia en el Derecho de las relaciones familiares, estrechamente vinculada a la tutela de la dignidad humana, la autodeterminación individual y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. No se trata únicamente de determinar si una persona con discapacidad intelectual o con una enfermedad neurodegenerativa puede contraer matrimonio, sino de identificar los criterios que permiten comprobar si, en el momento de la celebración, disponía de la capacidad necesaria para expresar una voluntad matrimonial libre y consciente.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ofrece, a este respecto, una aportación especialmente significativa a través de dos resoluciones: la sentencia de 15 de marzo de 2018, núm. 145/2018, y la sentencia de 24 de enero de 2024, núm. 91/2024. Ambas examinan la validez de matrimonios celebrados por personas cuya capacidad para comprender el significado de la unión había sido cuestionada por sus familiares. En la primera, el Tribunal Supremo considera que no ha quedado acreditada la ausencia de consentimiento matrimonial; en la segunda, reconoce que el deterioro cognitivo del contrayente había comprometido efectivamente la posibilidad de prestar un consentimiento válido.
La diversidad de los fallos no implica necesariamente una contradicción interpretativa. Por el contrario, ambas resoluciones expresan un mismo principio fundamental. La discapacidad no determina automáticamente la invalidez del matrimonio, pero tampoco puede impedir la constatación judicial de la efectiva ausencia de consentimiento. El examen debe centrarse en las circunstancias concretas de la persona en el momento de la celebración y en su capacidad para comprender el significado y los efectos de la decisión de contraer matrimonio.
2. El marco normativo español: consentimiento matrimonial y nulidad
Conforme al art. 45 del Código Civil español, el consentimiento matrimonial constituye el presupuesto constitutivo del vínculo, y no un requisito meramente formal. En consonancia con ello, el art. 73, núm. 1, del mismo código declara nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el matrimonio contraído sin consentimiento.
Esta regulación se distingue del régimen general de invalidez de los contratos. En particular, los arts. 1301 y siguientes del Código Civil regulan la anulabilidad negocial y los correspondientes plazos de ejercicio de la acción. La nulidad matrimonial, por el contrario, se rige por una regulación autónoma, coherente con la naturaleza personal e institucional del matrimonio.
De ello se desprende la necesidad de distinguir entre un consentimiento efectivamente prestado, pero viciado por error, coacción o miedo grave, y una situación en la que no exista un consentimiento matrimonial válido. En el primer supuesto pueden resultar aplicables las disposiciones específicas sobre convalidación y caducidad de la acción; en el segundo, la cuestión atañe a la ausencia de un elemento esencial del matrimonio y queda comprendida en el ámbito del art. 73, núm. 1.
La diferencia entre nulidad y anulabilidad no constituye, por tanto, una cuestión exclusivamente clasificatoria: determina el régimen de la acción, su eventual sujeción a un plazo y, en última instancia, la efectividad de la tutela judicial frente a un matrimonio celebrado sin consentimiento válido.
3. La STS 145/2018: el principio de “favor matrimonii” y el rechazo de la equiparación automática entre discapacidad e incapacidad
La sentencia núm. 145/2018 versó sobre un matrimonio celebrado en el extranjero, impugnado por las hijas del esposo tras su fallecimiento. Las demandantes sostenían que su padre, que presentaba una condición de discapacidad y estaba sujeto a un procedimiento de modificación judicial de la capacidad, no había podido prestar un consentimiento matrimonial válido. Los órganos jurisdiccionales de instancia habían estimado la demanda de nulidad, atribuyendo una relevancia decisiva a la condición del contrayente.
El Tribunal Supremo casó la resolución al considerar que, en el caso concreto, no se había acreditado la ausencia de la capacidad necesaria para contraer matrimonio. Por consiguiente, la discapacidad intelectual o la previa declaración judicial de incapacidad no determinan automáticamente la imposibilidad de prestar consentimiento matrimonial.
El Tribunal destaca que el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental, reconocido por el art. 32 de la Constitución española y por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En particular, el art. 23, apdo. 1, letra a), de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone a los Estados la obligación de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.
La Convención no se limita, por tanto, a prohibir la discriminación en el acceso al matrimonio, sino que exige que la persona con discapacidad sea reconocida como titular del derecho a decidir autónomamente sobre sus relaciones afectivas y familiares. Una regulación o interpretación judicial que excluyera ese derecho basándose únicamente en un diagnóstico clínico correría el riesgo de transformar una medida de protección en una restricción injustificada de la libertad personal.
Desde esta perspectiva adquiere relevancia el principio de “favor matrimonii”, que exige evitar interpretaciones restrictivas del derecho a contraer matrimonio que no estén justificadas por las circunstancias del caso concreto. Sin embargo, dicho principio no se traduce en una presunción absoluta de validez de cualquier matrimonio formalmente celebrado. Antes bien, debe evitarse que la condición de discapacidad se utilice como criterio automático de exclusión, exigiéndose, por el contrario, una valoración individualizada de la capacidad para prestar consentimiento.
El Tribunal Supremo pondera una pluralidad de elementos en apoyo de su tesis. El esposo había presentado personalmente una demanda de divorcio respecto de su anterior esposa, manifestando su voluntad de poner fin a aquella relación; el juez había reconocido la posibilidad de continuar el procedimiento pese a hallarse pendiente la cuestión relativa a su capacidad; posteriormente, había contraído matrimonio con una persona con la que mantenía desde hacía años una relación afectiva. Además, mientras el esposo aún vivía, los sujetos legitimados no habían ejercitado acción alguna de nulidad matrimonial.
Estos elementos ponen de manifiesto la necesidad de examinar la situación de la persona en el contexto de su trayectoria personal, sus manifestaciones de voluntad y las circunstancias fácticas que precedieron y acompañaron la celebración. La capacidad matrimonial no puede negarse sobre la base de una valoración abstracta de la discapacidad. No obstante, debe señalarse que, en el caso examinado, el informe médico-forense elaborado antes de la celebración del matrimonio constataba que el interesado no era capaz de mantener una conversación espontánea ni de responder a preguntas sencillas, como las relativas a su edad, fecha de nacimiento o profesión, y tampoco lograba recordar los nombres de sus hijas. Pese a ello, el Tribunal Supremo consideró que no había quedado desvirtuada la presunción de capacidad para prestar consentimiento matrimonial.
No obstante, conviene destacar el voto particular formulado por el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, quien discrepó del criterio mayoritario al considerar que el esposo, precisamente a la luz de las conclusiones del informe médico-forense y del carácter degenerativo de la enfermedad de Alzheimer, carecía de la capacidad necesaria para prestar un consentimiento matrimonial válido. En consecuencia, el magistrado sostuvo la procedencia de declarar la nulidad del matrimonio.
En todo caso, de esta resolución se desprende que la protección de la persona con discapacidad no equivale a la sustitución de su voluntad, sino que exige el reconocimiento de su autonomía mientras no quede concretamente acreditada la imposibilidad de prestar el consentimiento exigido por la ley.
4. La capacidad matrimonial como capacidad concreta para comprender el significado de la unión
A la luz del razonamiento desarrollado hasta aquí, se advierte una distinción fundamental entre la capacidad general de obrar y la capacidad natural para prestar un consentimiento específico. La primera se refiere, en términos generales, a la aptitud de la persona para realizar actos jurídicamente relevantes; la segunda exige comprobar si, respecto de un acto determinado y en el momento de su realización, la persona puede comprender su significado y expresar una voluntad consciente.
El matrimonio presenta características que confieren especial importancia a esta distinción.
No basta con constatar que el contrayente puede formular una declaración afirmativa, reconocer formalmente a la otra persona o participar en la ceremonia. Es preciso comprobar que la manifestación externa se corresponde con una voluntad efectiva de asumir el vínculo matrimonial, con una comprensión esencial del significado y las consecuencias de la decisión.
Esta comprobación debe referirse necesariamente al momento de la celebración. Una evaluación posterior puede constituir un elemento probatorio relevante, pero no sustituye el examen del estado de la persona en la fecha en que se contrajo matrimonio.
La capacidad matrimonial se configura así como una capacidad funcional e individualizada, valorada en relación con la decisión específica de casarse, y no exclusivamente sobre la base de un determinado diagnóstico o estatuto jurídico.
5. La STS 91/2024: la ausencia de consentimiento y la inaplicabilidad de la caducidad de la acción
La sentencia núm. 91/2024 versó sobre el matrimonio celebrado por un hombre con enfermedad de Alzheimer con una mujer con la que mantenía una relación desde hacía muchos años. Tras iniciarse un procedimiento judicial dirigido a modificar su capacidad, el interesado había contraído matrimonio y, pocos días después, había otorgado testamento a favor de su esposa. El testamento fue posteriormente declarado nulo por falta de capacidad del testador. Tras el fallecimiento del esposo, su hijo promovió una nueva acción dirigida a obtener la nulidad del matrimonio por ausencia de consentimiento matrimonial.
El juzgado de primera instancia había estimado la demanda al considerar que el deterioro cognitivo impedía al contrayente comprender el alcance y las consecuencias del matrimonio. La Audiencia Provincial, en cambio, había estimado el recurso de apelación de la esposa, subsumiendo la situación en un supuesto de vicio del consentimiento y declarando caducada la acción por el transcurso del plazo de cuatro años previsto en el art. 1301 del Código Civil.
El Tribunal Supremo casó la sentencia de apelación, distinguiendo nítidamente entre la ausencia de consentimiento y el consentimiento viciado.
El art. 45 del Código Civil establece que no hay matrimonio sin consentimiento, mientras que el art. 73, núm. 1, dispone la nulidad del matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. Ninguna de estas disposiciones establece, para esta causa específica de nulidad, un plazo general de caducidad. Por ello, el plazo previsto en el art. 1301 para la anulabilidad de los contratos no puede aplicarse a una demanda fundada en la ausencia de consentimiento matrimonial.
El Tribunal precisó, además, que el régimen de nulidad matrimonial contempla supuestos específicos de convalidación o caducidad, previstos en los arts. 75 y 76 del Código Civil.
Fuera de esos supuestos, la acción dirigida a obtener la declaración de nulidad por ausencia de consentimiento no está sujeta al plazo de cuatro años propio de la anulabilidad contractual.
La resolución permite detenerse en una cuestión de especial relevancia. Si la ausencia de consentimiento se equiparara a un mero vicio de la voluntad, la distinción entre nulidad y anulabilidad perdería su significado y se comprometería la posibilidad de impugnar, en cualquier momento y sin plazos de caducidad, un matrimonio carente de uno de sus elementos constitutivos.
6. La prueba de la ausencia de consentimiento: del diagnóstico médico a la reconstrucción integral de la situación de la persona
En cuanto al método de comprobación de la capacidad matrimonial, el Tribunal reiteró que ni la enfermedad mental ni la discapacidad intelectual determinan, por sí mismas, la incapacidad para contraer matrimonio. La nulidad solo puede declararse cuando la presunción de capacidad quede desvirtuada mediante elementos suficientes para acreditar la imposibilidad efectiva de prestar el consentimiento exigido.
En el caso concreto, la prueba no se agotaba en un diagnóstico de Alzheimer ni en la existencia de un procedimiento previo de modificación de la capacidad. El órgano jurisdiccional disponía de una pluralidad de informes médico-forenses, testimonios y elementos relativos a la vida personal, familiar y económica del interesado.
Los informes médico-forenses describían un cuadro caracterizado por un deterioro cognitivo acompañado de desorientación temporal y espacial, dificultades de memoria, incapacidad para comprender cuestiones económico-jurídicas y dependencia de terceros para numerosas actividades cotidianas.
El Tribunal atribuyó relevancia también a la reconstrucción de las relaciones familiares y sociales. El distanciamiento del interesado respecto de sus hijos y amigos, la pérdida progresiva de autonomía y la sustancial dispersión de su patrimonio constituían elementos contextuales útiles para comprender su situación y determinar si la decisión de contraer matrimonio había sido expresión de una voluntad libre y consciente, poniendo de relieve la necesidad de comprobar que la persona no hubiera sido influida o condicionada por presiones indebidas.
La valoración judicial se fundó, por tanto, en el conjunto del material probatorio. Las pericias médicas permitieron reconstruir el estado cognitivo y su evolución; los testimonios y los elementos documentales contribuyeron a comprender la situación concreta de la persona y el contexto en el que se había gestado la decisión. Ninguno de estos elementos debe examinarse aisladamente del resto del material probatorio.
La sentencia de 2024 no introduce, por consiguiente, una presunción de incapacidad vinculada a la enfermedad de Alzheimer. Demuestra, más bien, que, cuando los hallazgos clínicos y las circunstancias personales convergen en revelar la imposibilidad de comprender el significado del vínculo, la presunción de capacidad puede quedar desvirtuada y el matrimonio ser declarado nulo.
7. Comparación de ambas resoluciones: unidad de principios y diversidad de fallos
Las sentencias de 2018 y 2024 presentan una estructura argumentativa común, pero alcanzan conclusiones distintas debido a la diferente valoración de la prueba.
En la resolución de 2018, el Tribunal Supremo considera que la condición de discapacidad y la pendencia del procedimiento de modificación del estatuto jurídico no bastan para demostrar la ausencia de consentimiento. En particular, la iniciativa previa dirigida a obtener el divorcio y la posterior relación afectiva mantenida con la futura esposa permiten excluir que la nulidad pueda fundarse únicamente en la condición de incapacidad del contrayente.
En la resolución de 2024, por el contrario, la documentación médico-forense, la reconstrucción de la evolución de la enfermedad y los elementos relativos a la pérdida de autonomía personal y patrimonial demuestran que, en el momento de la celebración, el interesado no podía comprender el significado y los efectos del matrimonio. En este caso, la presunción de capacidad queda desvirtuada mediante la acreditación de las consecuencias concretas de la patología sobre la formación de la voluntad matrimonial.
Del análisis desarrollado hasta aquí se desprende que el principio de favor matrimonii no exige preservar el matrimonio en toda circunstancia, pero, al mismo tiempo, impide que sea invalidado sobre la base de valoraciones abstractas o discriminatorias. Cuando, por el contrario, se acredita la ausencia de consentimiento, la tutela de la dignidad y de la autonomía de la persona exige que el vínculo no se mantenga por el mero hecho de su celebración formal.
En otros términos, el “favor matrimonii” no puede desvincularse del principio de consentimiento efectivo. La protección de la institución matrimonial no puede traducirse en la conservación de una relación que la persona no estaba concretamente en condiciones de comprender y querer; al mismo tiempo, la protección de la persona con discapacidad no puede traducirse en la negación preventiva de su libertad para casarse.
El resultado no viene predeterminado por la existencia de una condición de discapacidad, sino que depende de la prueba relativa a la situación concreta del contrayente.
8. Autodeterminación, medidas de apoyo y Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Las resoluciones deben interpretarse también a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a casarse sobre la base del consentimiento libre y pleno y exige el respeto de la autonomía individual y de la voluntad de la persona.
El tránsito de un modelo basado predominantemente en la sustitución de la voluntad a otro orientado al apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, opción privilegiada en España por la Ley 8/2021, exige distinguir cuidadosamente entre asistencia y sustitución. Las medidas de apoyo deben posibilitar, en la medida en que resulte concretamente viable, el ejercicio de los derechos; por el contrario, no pueden convertirse en un medio para privar a la persona de decisiones que pertenecen a su esfera personal.
El matrimonio, precisamente porque implica la identidad, la afectividad y el proyecto de vida, constituye un ámbito en el que esta distinción reviste especial importancia. La discapacidad puede requerir modalidades de comunicación adecuadas, asistencia en el acceso a la información u otras formas de apoyo, pero ello no implica que la voluntad deba sustituirse automáticamente por la de un familiar, un tutor u otra persona.
Al mismo tiempo, el reconocimiento de la autonomía no comporta la aceptación indiscriminada de cualquier manifestación externa de voluntad. El consentimiento debe ser auténtico y atribuible a la persona que lo expresa. Las garantías de protección deben, por tanto, orientarse a prevenir el abuso y la influencia indebida, sin convertirse en obstáculos generalizados al ejercicio del derecho a contraer matrimonio.
Desde esta perspectiva, no basta con constatar la autorización formal para la celebración, pues cabe un control judicial posterior de la validez sustancial del consentimiento. La ausencia de objeciones en la fase administrativa no impide la declaración de nulidad cuando, sobre la base de elementos probatorios, se constate la falta de un consentimiento efectivo.
9. Consideraciones finales: la validez del consentimiento como equilibrio entre libertad y protección
Las dos resoluciones examinadas expresan la necesidad de ponderar exigencias e intereses relevantes. Por una parte, el derecho de la persona con discapacidad a contraer matrimonio y a desarrollar libremente su proyecto de vida; por otra, la necesidad de garantizar que el vínculo matrimonial se funde en una voluntad efectiva, consciente y no instrumentalizada.
La sentencia núm. 145/2018 descarta que la discapacidad intelectual o la previa declaración judicial de incapacidad puedan constituir, por sí solas, razones suficientes para declarar nulo un matrimonio. La sentencia núm. 91/2024 confirma que la tutela del derecho a casarse no puede impedir la declaración de nulidad cuando del conjunto del material probatorio resulte que, en el momento de la celebración, el contrayente no podía comprender el significado y las consecuencias de la decisión.
En el plano sustantivo, se requiere, por tanto, una capacidad concreta para prestar consentimiento matrimonial, que debe comprobarse sin automatismos basados en el diagnóstico o en el estatuto jurídico. En el plano probatorio, deben valorarse, con referencia al momento de la celebración, el estado cognitivo, las relaciones familiares y los eventuales indicios de condicionamiento de la voluntad. En el plano procesal, finalmente, resulta fundamental distinguir entre la ausencia de consentimiento y sus vicios, pues ello determina la aplicación de regímenes jurídicos diferentes, ya que el plazo de caducidad previsto para la anulabilidad contractual no se aplica al supuesto de nulidad matrimonial por ausencia de consentimiento.
En todo caso, el reconocimiento de la persona como sujeto titular de derechos exige, por un lado, no impedirle injustificadamente contraer matrimonio y, por otro, no considerar válido el matrimonio cuando falte un consentimiento libre y consciente.
La validez del consentimiento matrimonial se convierte así en el punto de encuentro entre autodeterminación y protección. No constituye un obstáculo al ejercicio del derecho, sino la garantía de que el matrimonio sea fruto de una elección autónoma y plenamente consciente, independiente de condicionamientos externos.
Nota: El presente trabajo se corresponde con la ponencia del mismo título inpartida por el autor en el Seminario sobre discapacidad, que tuvo lugar en el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Valencia el 12 de noviembre de 2026.
