Autora: Elisa Simó Soler. Contratada Predoctoral FPU, Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia. Correo electrónico: elisa.simo@uv.es
1. Un nuevo fantasma recorre Europa, pero esta vez no conoce las fronteras entre países.
La propagación mundial de la Covid-19 potencia exponencialmente el paradigma de la ya consolidada sociedad del riesgo descrita por BECK. Nuevos desafíos que, sin eludir los dilemas clásicos, exigen una reflexión sobre las consecuencias sociopolíticas y jurídicas de esta pandemia.
Los dictados del capitalismo frenético han generado una serie de situaciones límite que provocan una sensación latente de incertidumbre y liquidez vital en la ciudadanía occidental. Los crecientes movimientos migratorios, la desintegración de una clase media ad hoc, la masificación de las ciudades, la injerencia extractiva en la tierra, la macroproducción cárnica, la dependencia con terceras economías y Estados, el reconocimiento de la vulnerabilidad humana y todos los efectos que llevan aparejados, provocan un sentimiento de inseguridad individual y social.
En este sentido, la pandemia del coronavirus no es una excepción. El miedo al contagio y al confinamiento, el peligro ante la pérdida del puesto de trabajo, la ansiedad derivada de la reconfiguración de la noción del tiempo, las expectativas frustradas, la ausencia de planes de futuro dibujan una huella emocional similar. Sin embargo, la lectura de este fenómeno no puede realizarse de manera aislada y refractaria con el contexto social, económico, político y cultural.
Las crisis poseen una historicidad y responden al principio de causalidad. Por ello, resulta fundamental reflejar no sólo la trazabilidad singular del virus sino también la de sus causas estructurales para garantizar un diseño de políticas públicas postcovid-19 integral y efectivo.
En este sentido, una vez reafirmada la necesaria inclusión analítica de la superestructura, la cuestión que sigue es la revisión de los principios rectores que vertebran las medidas preventivas y de acción para el abordaje de esta problemática.
Ante la aparición de un nuevo riesgo el Estado configura alternativas para minimizar su impacto negativo y salvaguardar los bienes e intereses de la ciudadanía. La tendencia que ha imperado en las últimas décadas para enfrentar nuevas modalidades delictivas que hacen tambalear la geopolítica mundial y la soberanía de los Estados-nación como son el terrorismo y la criminalidad organizada (narcotráfico, trata de seres humanos, blanqueo de capitales), se ha regido por la lógica represiva y la manipulación del ordenamiento punitivo.
Sin embargo, una misma finalidad preventiva y protectora justifica modos de actuación que podrían parecer antagónicos. Así, resurge el debate entre lo común y el individuo, las diversas concepciones de la solidaridad, la libre conducta frente a la responsabilidad o las necesidades de cuidados o control. ¿Cómo se revierte la inestabilidad material y la vacilación anímica?
2. La crisis sanitaria –que derivará en económica y política– ha situado los parámetros de vigilancia y protección en el núcleo del proceso de policy-making. Así, frente a las pérdidas que puede provocar el coronavirus en múltiples esferas que ocupan la centralidad, en el trabajo productivo, en el tiempo útil, pero esencialmente y de forma prioritaria en la salud, se apuesta por el derecho a la seguridad.
De este modo, el confinamiento de la población en sus hogares destaca como medida de contención y, siguiendo esa misma lógica de aislamiento, los Estados han puesto la tecnología como eje principal de los métodos de respuesta a la epidemia. Se ha impulsado el desarrollo de aplicaciones de rastreo de contactos que permitan detectar los patrones de contagio y prevenir nuevos focos de propagación.
Ante esta iniciativa son muchos los interrogantes que se plantean. Desde las discusiones elementales relativas a la ponderación entre ámbito público y espacio privado, entre el bien común y la libertad personal, entre la recogida de datos biométricos y el derecho a la intimidad, hasta la capacidad de intromisión de las aplicaciones en la vida de las personas: ¿qué información se va a obtener y por qué? ¿cuál es el grupo objetivo? ¿durante cuánto tiempo? ¿dónde se almacenará? ¿quién controla al vigilante?
En principio, en el marco de la Unión Europea, pese a que todavía existen diferencias respecto a la centralización o descentralización de los sistemas, tanto en el inicial consorcio PEEP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) como en el posterior protocolo DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) y en la propuesta de Google y Apple se han acordado unas máximas homogéneas: voluntariedad, anonimato y temporalidad.
La instalación de la app en los teléfonos móviles será voluntaria tras la cesión del consentimiento individual y se reservará el anonimato a través de las denominadas identidades efímeras que permite la privacidad por diseño. Además, su operatividad estaría limitada en el tiempo para su uso exclusivo durante la pandemia.
Ambos modelos, descentralizado y centralizado, combinan la geolocalización con el intercambio por bluetooth de códigos de identificación. Sin embargo, mientras que en el primer caso la información permanece en los dispositivos, en el segundo se almacena en un servidor al que tendrían acceso las autoridades sanitarias. Esta divergencia condiciona la finalidad y funcionalidad de la herramienta.
En un modelo descentralizado, cada dispositivo móvil cuenta con múltiples códigos de identificación generados aleatoriamente para garantizar el anonimato. Si una persona ha dado positivo podría notificarlo y, después de un estudio inmediato de coincidencia entre los códigos intercambiados, se enviaría un mensaje a las usuarias concretas con las que el positivo en Covid-19 ha estado en contacto.
En términos aclaratorios, cada dispositivo genera una serie de códigos, si dos dispositivos comparten una ubicación suficientemente cercana, estos intercambiarán por bluetooth uno de ellos. Posteriormente, si una persona da positivo, todos sus códigos podrían ser reportados. El resto de usuarias solo tendrían que descargar y verificar individualmente si estos coinciden con alguno de sus códigos recibidos. El objetivo es el ofrecimiento de datos para una toma de decisión personal e informada. Se delega la responsabilidad en el individuo para que actúe en consecuencia. No obstante, sin la implementación de un mecanismo de autenticación de los resultados de los tests, el uso fraudulento de la aplicación con la introducción de falsos positivos mermaría o incluso anularía su eficacia.
Por el contrario, con un modelo centralizado se estaría buscando una especial utilidad médica. La recogida y estudio de datos sería una vía efectiva para una mejor comprensión de la enfermedad y un mejor diseño de las políticas públicas reactivas. No obstante, la principal reserva y oposición es el miedo al mal uso o abuso de la información y, en consecuencia, una potencial vulneración de la privacidad. La justificación basada en la elaboración de estudios epidemiológicos para contener la enfermedad podría ser válida. Sin embargo, el posible acceso a esa información restringida con otros intereses, su venta para fines comerciales, el riesgo de hackeo o la aplicación de medidas de hipervigilancia y sanción indiscriminada por parte del Estado, ponen en cuestión su desarrollo.
Otra tipología de sistema es el denominado geofencing. La creación de un mapa de calor interactivo con envío automático de alertas al detectar una aproximación a puntos calientes. De nuevo, se suscitan objeciones. El tracking de la geolocalización podría derivar en un control indeseado del movimiento, la supervisión por organismos públicos implicaría la cesión de información sobre desplazamientos y el señalamiento de espacios visitados o habitados por personas con diagnósticos confirmados podría ser utilizada con fines espurios de competencia desleal, especulación inmobiliaria, estigmatización o auto-sobreprotección.
Con todo, resulta preciso esbozar varias precauciones. En primer lugar, estas aplicaciones nacen parcialmente fallidas si no existe diagnóstico. La operatividad de la herramienta está condicionada a la realización de tests. Por este motivo, los esfuerzos deben ser combinados para generalizar la diagnosis rigurosa y tener preparadas las medidas para cuando se disponga de la información. Cabe advertir de nuevo que mientras la voluntariedad prima en el uso de la tecnología, el conocimiento sobre el contagio de una persona se regiría por un principio de obligatoriedad perentoria. Las pruebas serológicas urgen especialmente para aquellas personas que, por sus condiciones laborales, no pueden escoger permanecer en sus hogares.
En segundo lugar, pese a que el diseño de estas apps no debería entrañar por definición un sesgo discriminatorio, sí podría generarlo como efecto colateral. La brecha digital por edad, clase y género se manifiesta de forma interseccional afectando a quienes poseen dispositivos móviles obsoletos o no los poseen o desconocen su funcionamiento. Además, las personas migrantes en situación administrativa irregular podrían entender estas aplicaciones como una vía de sobreexposición y las rechazarían por miedo a una posible detención.
En tercer lugar, la respuesta estatal a la crisis sanitaria comprendería un conjunto de acciones que afectan a derechos y libertades fundamentales como la libertad de movimiento, la integridad física, el derecho de reunión y manifestación, la libertad religiosa, el derecho de sufragio o los derechos laborales. De ahí que los principios de adecuación, intervención mínima y proporcionalidad deban subrayarse y se requiera alcanzar un acuerdo que optimice la protección del interés general y la maximización del respeto a los derechos fundamentales.
Para ello, es imprescindible que el equipo técnico encargado del diseño, desarrollo, seguridad y evaluación de las medidas tenga una naturaleza multidisciplinar y esté conformado por profesionales no solo del campo de la virología, epidemiología, informática y análisis de datos sino también de la psicología y del derecho. Aún más, se intuye la necesidad de elaborar un nuevo marco normativo que, en términos generales, regule este nuevo impulso hacia la perpetuación de una sociedad digitalizada de sujetos jurídicos (re)definidos en clave usuario/prosumidor/ciudadano en red.
3. Dado que la utilización de la geolocalización como instrumento preferente para el control de la pandemia no está exenta de controversias y debido a que la separación entre lo humano y lo tecnológico cada vez se presenta más ambigua, es posible trazar algunos elementos que invitan a la reflexión.
Por un lado, el miedo a la enfermedad y la sospecha del otro como agente patógeno induce un estado de constante autovigilancia por parte de la ciudadanía. En este sentido, podría pensarse que las aplicaciones de geolocalización no son más que el desarrollo tecnificado de una práctica de control ya presente en la sociedad. Desde una interpretación foucaultoniana, podríamos estar vislumbrando una suerte de panóptico vecinal.
Este fenómeno de geovigilancia analógica desde el balcón fomentaría un debate en torno a las técnicas disciplinarias de espionaje social y cuestionaría la solidaridad como un valor inmutable, especialmente en tiempos de crisis.
Sucede entonces que la solidaridad queda interpretada desde dos perspectivas polarizadas.
De una parte, sería la base para empatizar con aquellas personas que reclaman una adaptación de las restricciones a sus circunstancias específicas, en algunos casos subjetivas y/o caprichosas. De otra, el incumplimiento, puede que solo aparente, del confinamiento se entendería como muestra de egoísmo y desprecio hacia el interés general como guía de comportamiento. Este conflicto traería consigo una segunda fase de análisis que abarcaría la imposibilidad de gestar una red interdependiente de sustrato social y la problematización del nexo izquierda y poder-control.
Por otro lado, la tecnología ya no es (o quizá nunca fue) una esfera accesoria de la vida, sino que es una extensión, un elemento definitorio más. Deviene un factor de condicionamiento conductual –de pautas de consumo, de ocio, identitarias, relacionales− y ha propiciado un incrementado de la calidad y de la esperanza de vida tan incontestable como irrenunciable. Es la innegable relación causa-efecto entre desarrollo tecnológico y progreso social junto a la sublimación del binomio tecno-humano lo que fundamenta la posición privilegiada de la tecnología en esta crisis.
En una situación de urgencia sanitaria podría parecer que no hay alternativa: solucionismo tecnológico o barbarie. La tecnología sería el único instrumento capaz de dar una respuesta inmediata. Un medio efectista con un elevado potencial tranquilizador al velar por la seguridad vital de la población.
Sin embargo, con un apoyo ciego e irreflexivo a la tecnología se corre el riesgo de que el solucionismo cortoplacista se estandarice como respuesta tipo y el estudio de las causas estructurales quede relegado. Abordar esta problemática no es una cuestión menor puesto que las medidas que se adopten sentarán el precedente de la política postcovid-19 (¿vigilar y…?).
4. La crisis del coronavirus ha supuesto una alteración brusca de las dinámicas sociales e individuales, aunque sea de forma temporal. A partir de una cuestión muy concreta como es el uso de una aplicación móvil de geovigilancia para el control de la epidemia, se rescatan problemáticas complejas y se vislumbran nuevos interrogantes.
Sin sucumbir ante una visión amable sobre las bondades de la tecnología ni tampoco aferrarse en una postura tecnófoba de descrédito, resulta imperativo reconocer que la tecnologización revaloriza la experiencia vivida y subrayar que Big Data means big responsibility. La trascendencia que tiene la aplicación de métodos tecnológicos para salvaguardar el derecho a la salud exige una actuación transparente con información clara, sencilla y comprensible porque la elección final sobre el tipo de sistema de control digital supondrá optar por más o menos privacidad o información, supondrá decidir vigilar para qué.
De forma simultánea, todo ciclo de políticas públicas finaliza con una fase de evaluación y rendición de cuentas. En este punto, la crisis sanitaria podría constituir la ventana de oportunidad para valorar el fracaso o no de las políticas de austeridad y privatización y para resaltar las implicaciones que conlleva el compromiso con lo público y lo común.
Por último, esta crisis sugiere un cuestionamiento de la norma y la excepción. El deseo de vuelta a la normalidad permite dudar de la vida normal, aquella en la que nos pensábamos omnipotentes, autosuficientes y eternas. Quizá solo era una ficción, la negación autodestructiva de sabernos interconectadas, vulnerables y finitas. Quizá la discutida geolocalización invite a un proceso de geo-concienciación que configure una agenda política consecuente con los límites biofísicos y consciente de nuestra interdependencia tecno-socionatural.
