Autora: Mar Aranda Jurado (España). Profesora Contratada Doctora Acreditada de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Correo electrónico: mar.aranda@ucv.es.
Resumen: La Ley 8/2021 reconoce a las personas con discapacidad como sujetos procesales activos, titulares de capacidad jurídica presunta y derecho a una participación efectiva en el proceso civil. El artículo examina los mecanismos que hacen operativa esta transformación -ajustes procedimentales, redefinición de la prueba y nuevo rol del Ministerio Fiscal-, así como los retos de su implementación.
Palabras clave: capacidad jurídica, discapacidad, ajustes procedimentales, participación efectiva, Ley 8/2021, justicia inclusiva, accesibilidad judicial, derechos de personas con discapacidad.
Sumario:
I. Introducción.
II. El paradigma del apoyo: fundamentos convencionales y cambio de modelo.
1. Del paradigma de la sustitución al paradigma del apoyo: fundamentos internacionales.
A) La perspectiva convencional: el art. 12 CDPD.
B) El tránsito legislativo español: de la reforma 26/2011 a la Ley 8/2021.
C) La autocuratela como expresión de la autonomía prospectiva.
2. Redefinición de la capacidad procesal como realidad funcional.
3. Las salvaguardias del art. 12.4 CDPD: garantías frente al abuso en el ejercicio de los apoyos.
4. Los ajustes del procedimiento como vehículo de materialización del derecho.
A) Naturaleza de los ajustes: derechos, no gracias.
B) Tipología de ajustes y su aplicación sistemática.
III. Perspectiva comparada: la implementación del art. 12 CDPD en Europa y Latinoamérica.
1. El modelo francés: reforma dual con coexistencia de regímenes.
2. El modelo alemán: el Betreuungsgesetz y la supervisión judicial rigurosa.
3. Experiencias latinoamericanas: avances dispares con obstáculos contextuales.
4. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: protección vía derecho general.
5. Elementos comunes emergentes en las reformas comparadas.
6. Desafíos comunes y propuestas de aprendizaje mutuo.
7. Aporte de la experiencia comparada a la implementación española.
IV. La práctica de la prueba: hacia una epistemología inclusiva.
1. La transformación del rol probatorio de la persona con discapacidad.
2. La entrevista judicial como diálogo inclusivo.
A) Adaptación del lenguaje y la comunicación en la entrevista.
B) Adaptación del entorno: del formalismo a la inclusividad.
C) El derecho a estar acompañado: apoyo versus representación.
D) El objetivo transformado: comprensión versus evaluación.
3. La prueba pericial: de la diagnosis patologizante a la propuesta de apoyos.
A) Identificación de barreras funcionales.
B) Propuesta de apoyos específicos, graduados y personalizados.
C) Exploración y valoración de la voluntad.
4. La valoración judicial: superando prejuicios y estereotipos.
A) Prohibición de descalificación a priori basada en la discapacidad.
B) Valoración contextualizada del impacto de los ajustes.
C) La voluntad como criterio rector de la valoración probatoria.
V. El rol del Ministerio Fiscal: de protector a garante de la voluntad.
1. El Fiscal como impulsor y garante del proceso de provisión de apoyos.
2. El Fiscal como supervisor de los ajustes del procedimiento.
3. El Fiscal como vigilante del ejercicio de los apoyos constituidos.
A) Revisión rigurosa de la rendición de cuentas.
B) Promoción de revisión de medidas conforme a la evolución.
VI. Retos pendientes y propuestas de mejora para una implementación genuina.
1. La falta de medios y especialización como obstáculo estructural.
2. Inercias institucionales y perpetuación del paternalismo.
3. La complejidad de la determinación de la voluntad en contextos de discapacidad severa.
4. Brecha entre norma y realidad: la aplicación no uniforme de la reforma.
VII. Conclusiones.
Referencia: Rev. Boliv. de Derecho Nº 41, enero 2026, ISSN: 2070-8157, pp. 738-773. rBD41_Artic24.pdf
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