La libertad de testar a favor de quienes prestan apoyo: autonomía personal y prevención de la influencia indebida

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Autor: Edoardo Salvatore, Doctorando de la Università degli studi di Siena

1. Autonomía testamentaria y relaciones de apoyo

La posibilidad de favorecer por testamento a quien presta apoyo o asistencia sitúa la libertad de testar ante una tensión que la reforma española de la discapacidad no ha eliminado. La relación de confianza puede facilitar una influencia indebida sobre la voluntad del testador, pero también constituir el fundamento de una atribución sucesoria libremente querida. Una regulación que excluya preventivamente las atribuciones expuestas a ese riesgo puede impedir también las que responden a una voluntad auténtica.

La cuestión requiere distinguir la capacidad de la persona para otorgar testamento de los límites legales a la designación de determinados beneficiarios. La necesidad de apoyo en la gestión patrimonial no excluye por sí sola la capacidad testamentaria; sin embargo, la disposición a favor de quien proporciona ese apoyo puede quedar afectada por las prohibiciones del art. 753 del Código Civil español. El reconocimiento de una voluntad autónoma no basta, por tanto, para asegurar la eficacia de cualquier atribución sucesoria.

El análisis se circunscribe al régimen del Código Civil y a las disposiciones que respetan los derechos de los legitimarios. Incluso dentro de la parte de libre disposición, la posición del beneficiario puede limitar las elecciones del testador. El problema consiste en determinar cómo se articula esa restricción y valorar si la intensidad de la protección guarda proporción con el sacrificio de autonomía que comporta.

2. La capacidad para testar en el sistema de apoyos

La Ley 8/2021, de 2 de junio, orientó la regulación de la discapacidad hacia un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, centrado en el respeto de la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona. En el ámbito testamentario, esta orientación exige valorar las posibilidades concretas de decisión del otorgante, con los medios y ajustes que precise, sin deducir la imposibilidad de testar de la mera existencia de una discapacidad o de una medida de apoyo.

El art. 663.2.º CC impide testar a quien, en el momento del otorgamiento, no pueda formar o expresar su voluntad ni siquiera con la ayuda de medios o apoyos. La valoración debe referirse al acto concreto y al momento en que se realiza, conforme también al art. 666 CC.

La necesidad de asistencia para determinadas operaciones patrimoniales no permite concluir automáticamente que la persona carezca de aptitud para decidir el destino de sus bienes después de su muerte.

Por su parte, el art. 665 CC atribuye al notario la comprobación de que la persona con discapacidad puede comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. Su intervención comprende el apoyo a la comprensión y al razonamiento del otorgante, así como los ajustes necesarios para facilitar la expresión de su voluntad. El apoyo debe hacer posible un proceso de decisión propio, compatible con el carácter personalísimo del testamento establecido en el art. 670 CC.

La capacidad para testar y la admisibilidad de la atribución a un beneficiario determinado operan, en consecuencia, en planos distintos. La primera concierne a la formación y expresión de la voluntad testamentaria; la segunda depende, en lo que aquí interesa, de la relación entre el testador y la persona favorecida. El juicio notarial sobre la capacidad no desplaza los límites legales que afectan a esta última.

3. La prohibición relativa al tutor y al curador representativo

El primer párrafo del art. 753 CC priva de efecto a la disposición testamentaria a favor del tutor o del curador representativo del testador, salvo que se haya realizado después de la extinción de la tutela o curatela. La norma limita la posibilidad de beneficiar a quien ocupa esa posición, aunque el otorgante pueda formar y expresar válidamente su voluntad.

La referencia al curador representativo delimita el alcance de la prohibición. Su aplicación exige comprobar las funciones atribuidas al beneficiario, sin extender automáticamente la restricción a toda curatela asistencial o a cualquier relación de apoyo. Ello no excluye que, atendiendo a las actividades efectivamente desarrolladas, resulten aplicables otros apartados del precepto o las restantes reglas que disciplinan la actuación de quien presta apoyo.

El momento de la disposición es decisivo. A salvo de la excepción por parentesco, la atribución realizada durante la vigencia de la tutela o de la curatela representativa no adquiere eficacia por la sola extinción posterior de la medida. La excepción temporal exige que la disposición se otorgue una vez extinguida aquella; no basta con que dicha extinción preceda a la apertura de la sucesión.

Tampoco el otorgamiento ante notario permite eludir la prohibición. La comprobación de la capacidad y de la libertad del testador no convierte en admisible una atribución que la ley excluye por la posición del favorecido. El límite alcanza tanto a la institución de heredero como al legado y opera, por ello, aunque la atribución tenga un contenido patrimonial delimitado y respete las legítimas.

4. La función preventiva de las prohibiciones sucesorias

El fundamento de la restricción reside en el riesgo de que la posición de representación y confianza se utilice para orientar las decisiones sucesorias en beneficio propio. Quien desempeña esas funciones puede conocer el patrimonio, las necesidades y las relaciones personales del testador, además de intervenir de forma continuada en su vida. Esa proximidad puede conferirle una capacidad de condicionamiento difícil de detectar desde el exterior.

La influencia puede manifestarse mediante presiones explícitas, pero también a través del temor a perder una asistencia esencial o de la creación de un sentimiento de obligación. Su reconstrucción después del fallecimiento presenta dificultades probatorias, especialmente cuando los hechos se han desarrollado en el ámbito privado de la relación de cuidado.

En este contexto se sitúan las denominadas incapacidades relativas para suceder. La expresión identifica un impedimento vinculado a una relación concreta con el causante, no una incapacidad general del beneficiario para recibir atribuciones hereditarias. Entendida como prohibición legal, la regla del art. 753, párrafo primero, actúa una vez acreditados sus presupuestos, sin exigir la prueba de una captación efectiva de la voluntad.

Esta técnica ofrece una protección anticipada frente al abuso, pero prescinde de la autenticidad de la decisión en el caso concreto. Por ello puede impedir una atribución que responda exclusivamente al agradecimiento del testador. El coste de la prohibición recae también sobre quien, conservando su capacidad de decisión, desea reconocer mediante el testamento el valor de la asistencia recibida.

5. Las disposiciones a favor de cuidadores y establecimientos asistenciales

El art. 753 CC no establece un régimen uniforme para todas las relaciones de cuidado. Su segundo párrafo declara nula la disposición realizada por una persona internada por razones de salud o asistencia a favor de sus cuidadores cuando estos sean titulares, administradores o empleados del establecimiento público o privado en el que se encuentre internada. La nulidad comprende también las atribuciones a favor del propio establecimiento.

La aplicación de esta previsión requiere atender tanto a la situación de internamiento como a la relación del beneficiario con el centro y, en el caso de las personas físicas, a su condición de cuidador. La ley vincula a esos presupuestos una prohibición que no queda superada por la intervención notarial, sin perjuicio de la excepción familiar aplicable a las personas físicas conforme al último párrafo.

En cambio, el tercer párrafo permite favorecer a las demás personas físicas que presten al causante servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza análoga, siempre que la atribución se ordene en testamento notarial abierto. En este supuesto, la protección se articula mediante una exigencia de forma que permite el contacto directo del notario con el otorgante y el control de su voluntad. El testamento ológrafo no satisface esa exigencia específica.

La forma notarial abierta constituye una garantía, pero no asegura por sí sola la validez de toda disposición. Subsisten las exigencias relativas a la capacidad y a la libertad de la voluntad, así como la posibilidad de impugnación cuando concurran sus presupuestos. El art. 673 CC, que sanciona con nulidad el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude, conserva su función en este ámbito.

El precepto combina, de este modo, prohibiciones vinculadas a determinadas posiciones y una garantía formal para otras relaciones asistenciales. La diferente intensidad de la protección obliga a examinar hasta qué punto la categoría legal del beneficiario refleja el riesgo efectivo de condicionamiento y justifica excluir, en unos casos, el control individualizado que se admite en otros.

6. La excepción por parentesco

El último párrafo del art. 753 CC admite las disposiciones a favor del tutor, curador o cuidador que sea pariente con derecho a suceder ab intestato. La vinculación familiar permite así exceptuar las restricciones del precepto, aunque deben concurrir los restantes requisitos de validez de la disposición testamentaria.

La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de marzo de 2026 (BOE de 17 de junio de 2026) ha precisado el alcance de esta excepción. Al examinar una institución de heredera a favor de la sobrina y tutora del causante, en funciones de curadora representativa, admitió su eficacia, aunque existieran parientes de grado más próximo. La excepción se vincula a la vocación sucesoria legal derivada del parentesco, sin exigir que la beneficiaria fuese la llamada preferentemente a la sucesión intestada.

El parentesco no constituye, sin embargo, una garantía de ausencia de presiones. También dentro de la familia pueden producirse condicionamientos incompatibles con una voluntad testamentaria libre. La excepción remueve el obstáculo específico del art. 753 CC, pero no legitima la captación de la voluntad ni impide su control mediante los instrumentos generales de tutela.

Desde una perspectiva crítica, el distinto tratamiento de los vínculos familiares y de las relaciones asistenciales ajenas a la familia requiere una justificación que no puede descansar únicamente en la proximidad afectiva presumida. La asistencia cotidiana puede generar vínculos relevantes para el testador, aun cuando no exista parentesco, mientras que este último no acredita necesariamente una relación efectiva de cuidado.

7. Proporcionalidad de la protección y garantías individualizadas

La valoración del régimen vigente exige mantener separados el plano de su aplicación y el de su revisión crítica. Las prohibiciones deben operar cuando concurran sus presupuestos y no resulte aplicable una excepción. La preferencia por una protección individualizada no autoriza a prescindir de ellas mediante una comprobación notarial favorable.

En el plano de la política legislativa, cabe valorar si todas las restricciones previstas resultan proporcionadas a los riesgos que pretenden prevenir. Una tutela excesivamente rígida puede sustituir la decisión del testador por una apreciación abstracta acerca de las personas a las que debería favorecer. El riesgo de paternalismo se manifiesta cuando una atribución auténticamente querida queda excluida por la sola posición del beneficiario, sin posibilidad de atender a las circunstancias de la relación.

La confianza y la dependencia no ofrecen, consideradas aisladamente, un criterio suficiente para distinguir el abuso de una elección legítima. La misma relación que hace posible una presión indebida puede explicar el deseo de recompensar la dedicación recibida. Tampoco la decisión de favorecer a un cuidador en detrimento de las expectativas de familiares constituye, por sí sola y respetadas las legítimas, una anomalía que deba corregirse.

Una eventual revisión podría considerar, para determinados supuestos, garantías dirigidas a comprobar la libertad de la decisión: una entrevista reservada con el notario, sin la presencia del beneficiario, medios de comunicación adecuados y una indagación sobre posibles presiones o condicionamientos. Su finalidad sería facilitar la expresión autónoma de la voluntad y obtener elementos para valorar su autenticidad, sin convertir al notario en juez de la conveniencia personal de la atribución.

Estas garantías no eliminan todo riesgo de captación, ni permiten afirmar que el control notarial deba sustituir de manera general a las prohibiciones. Su posible ampliación exige ponderar las dificultades de detección del abuso y las consecuencias de una protección insuficiente. Esa valoración debe incluir también el perjuicio que ocasiona impedir una elección libre: la persona puede perder la posibilidad de reflejar en su sucesión una relación que ha sido significativa en su vida.

8. Consideraciones finales

La disciplina del art. 753 CC muestra que el reconocimiento de la capacidad testamentaria no agota la protección de la autonomía sucesoria. Una persona puede comprender y expresar el alcance de sus disposiciones y encontrar, pese a ello, un límite legal para favorecer a quien le presta apoyo o asistencia. El régimen diferencia posiciones jurídicas y contextos de cuidado mediante prohibiciones, exigencias de forma y excepciones familiares.

La prevención de influencias indebidas justifica establecer garantías que aseguren la autenticidad de la voluntad. Su intensidad debe valorarse, sin embargo, teniendo presente que la relación de apoyo puede ser tanto el ámbito de un abuso como el motivo legítimo de una atribución testamentaria. La protección resulta incompleta si solo atiende al primer riesgo y omite el sacrificio de autonomía que puede producir.

El criterio que debe orientar esa valoración es la preservación de la decisión propia del testador. Proteger la libertad de testar exige impedir que otros determinen el destino de sus bienes mediante presiones, pero también evitar que la necesidad de apoyo se convierta en una razón para restringir desproporcionadamente sus elecciones personales.

Nota: El presente trabajo se corresponde con la ponencia del mismo título impartida por el autor en el Seminario sobre discapacidad, que tuvo lugar en el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Valencia el 12 de noviembre de 2026.

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