La responsabilidad civil por los daños causados por personas sujetas a medidas de apoyo

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Autora: Rachele Ranieri, Doctoranda de la Università della Sapienza di Roma

La responsabilidad civil por los daños causados por una persona con discapacidad sujeta a una medida de apoyo plantea la necesidad de conciliar dos intereses jurídicamente relevantes. El primero es el derecho del perjudicado a obtener una indemnización cuando concurren los presupuestos legales de la responsabilidad. El segundo es el respeto a la dignidad y a la autonomía de la persona con discapacidad. La cuestión adquiere especial relevancia cuando la condición de quien causa el daño incide en su capacidad para comprender el alcance de su conducta.

La discapacidad y la imputabilidad civil deben examinarse por separado. Una persona con discapacidad puede conservar plenamente la capacidad de comprender el significado de sus actos. Cuando esa capacidad falta, se plantea en qué condiciones cabe exigir responsabilidad por el daño y qué relevancia tienen, a tal efecto, las funciones de quien ejerce la protección o presta el apoyo.

La Ley 8/2021 modificó el marco normativo español en el que se inscribe esta cuestión. Antes de la reforma, el artículo 1903 del Código Civil preveía la responsabilidad del tutor por los daños ocasionados por las personas judicialmente incapacitadas que se encontraban bajo su autoridad y convivían con él. Se trataba de una responsabilidad fundada en una presunción de culpa, susceptible de quedar desvirtuada si el tutor acreditaba haber observado la diligencia exigible para prevenir el daño.

La reforma, inspirada en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suprimió el sistema de incapacitación judicial y articuló un régimen de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. El artículo 299 del Código Civil dispone que las personas con discapacidad responden por los daños que causen conforme a las reglas generales. En lo que respecta a las medidas de apoyo, el artículo 1903 circunscribe la responsabilidad por hecho ajeno a los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a la que prestan apoyo. Estos pueden exonerarse si acreditan que actuaron con la diligencia exigida para prevenir el daño. Quienes prestan apoyo en otras condiciones pueden incurrir en responsabilidad por su propia conducta negligente, con arreglo al artículo 1902 del Código Civil.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 560/2026, de 13 de abril, permite examinar el alcance de estos deberes en un supuesto regido por el régimen anterior a la reforma. El litigio tuvo su origen en los daños psicológicos sufridos por un jardinero cuando un televisor, arrojado desde la ventana de una vivienda tutelada, cayó muy cerca de él. El autor del hecho era un adulto que había sido declarado judicialmente incapaz por razón de una enfermedad mental y que residía en una vivienda gestionada por una fundación. El perjudicado dirigió su demanda exclusivamente contra el Instituto Tutelar de Bizkaia, entidad que ejercía la tutela. Al amparo del artículo 1903 del Código Civil, le imputó el incumplimiento de sus deberes de vigilancia y protección.

El juzgado de primera instancia estimó parcialmente la demanda y condenó a la entidad tutelar al pago de una indemnización. Consideró que el Instituto conservaba sus deberes de vigilancia pese a haber encomendado a la fundación las funciones de asistencia y adoptó una interpretación amplia del requisito de convivencia. La Audiencia Provincial revocó la condena al apreciar que la asistencia y la vigilancia cotidianas correspondían a la fundación, que actuaba como guardadora de hecho.

La divergencia entre las dos resoluciones pone de relieve la dificultad de apreciar el requisito de convivencia cuando la persona tutelada reside en un centro gestionado por otra entidad. El juzgado atendió al ámbito de control y cuidado que, a su juicio, conservaba el Instituto. La Audiencia Provincial puso el acento en quién dispensaba la asistencia diaria. Estas dos lecturas muestran la importancia de distinguir entre la titularidad de la tutela y las posibilidades efectivas de intervención que cada entidad tenía en la vida cotidiana de la persona.

Al resolver el recurso, el Tribunal Supremo confirmó que la responsabilidad prevista en el artículo 1903 se funda en la culpa presunta. La culpa sigue siendo el fundamento de la imputación y la presunción incide en la distribución de la carga de la prueba. Corresponde al perjudicado acreditar los presupuestos de la responsabilidad y al tutor, para quedar exonerado, demostrar que empleó la diligencia necesaria para prevenir el daño. En el examen de la posible culpa in vigilando adquieren así particular relevancia las funciones concretamente atribuidas al tutor y la diligencia que cabía exigirle en las circunstancias del caso.

El alcance del deber de vigilancia se determina atendiendo a las capacidades y al grado de autonomía de la persona protegida, así como a las funciones encomendadas al tutor. La intensidad de la vigilancia depende de las circunstancias individuales y de los riesgos que razonablemente puedan preverse. Esta interpretación, en consonancia con los principios de dignidad y autonomía consagrados en la Convención de Nueva York, impide presumir la peligrosidad de una persona por razón de su discapacidad y, sobre esa sola base, someterla a un control permanente.

La autonomía opera aquí como un criterio para delimitar la conducta exigible al tutor. Para apreciar un incumplimiento es necesario identificar qué actuación concreta estaba a su alcance y en qué medida habría podido evitar el daño. Este análisis permite distinguir entre las precauciones acordes con las funciones del tutor y las restricciones que reducirían el margen de decisión de la persona sin responder a un riesgo identificable. El alcance de la vigilancia depende así tanto de la situación de la persona como de las posibilidades reales de actuación de quien ejerce la tutela.

En el caso enjuiciado, el Tribunal Supremo estimó que la conducta que produjo el daño era imprevisible. Aunque la persona había mostrado cierta inquietud en los días anteriores, los médicos que la atendieron poco antes del incidente no consideraron necesario el ingreso psiquiátrico. Tampoco constaban antecedentes de conductas violentas que permitieran anticipar lo sucedido. En tales circunstancias, el Tribunal entendió que carecía de fundamento exigir al tutor una vigilancia especial y descartó la culpa in vigilando.

La previsibilidad del daño debe valorarse a partir de la información de la que podía disponerse antes de que se produjera. En este caso, la inquietud manifestada en los días previos debía examinarse junto con la trayectoria de la persona y con la valoración de los médicos que la atendieron. La cuestión decisiva era si esos elementos permitían advertir un riesgo que hiciera exigible una medida adicional de vigilancia. Este criterio permite concretar el deber del tutor en función de las circunstancias que podían orientar su actuación en aquel momento.

El Tribunal Supremo descartó asimismo la “culpa in eligendo”. La fundación estaba especializada en la atención a personas con enfermedades mentales y disponía de profesionales cualificados. La elección de la vivienda, por su parte, correspondía a los organismos competentes. Por estas razones, el Tribunal desestimó el recurso y confirmó la decisión de la Audiencia Provincial de excluir la responsabilidad del Instituto Tutelar.

La intervención de la fundación suscita dos preguntas distintas. La primera es si la atribución de las tareas de asistencia cotidiana a una entidad especializada era adecuada para las necesidades de la persona. La segunda es si, una vez organizada esa asistencia, las circunstancias exigían al Instituto alguna actuación adicional de seguimiento o vigilancia. La adecuación del recurso residencial es relevante para valorar la elección, mientras que el examen de la vigilancia depende de los deberes que el Instituto conservaba y de las circunstancias que podían requerir su intervención.

El interés de la sentencia reside en la forma en que vincula la responsabilidad civil con el respeto a la autonomía de la persona con discapacidad. La valoración de la diligencia en función de las circunstancias concretas evita que la mera condición de tutor se convierta en un título suficiente de imputación y permite, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de los deberes de vigilancia que efectivamente le incumban.

Subsisten, con todo, varias cuestiones. Una de ellas es la determinación del grado de diligencia exigible al tutor en los supuestos sometidos al régimen anterior y al curador en el marco vigente. Otra concierne a la responsabilidad del guardador de hecho, figura que ha adquirido especial relevancia tras la reforma de 2021. En este litigio quedó sin resolver la eventual responsabilidad de la fundación, dado que la demanda se dirigió exclusivamente contra el Instituto Tutelar. Por último, se plantea en qué condiciones pueden responder quienes prestan apoyos meramente asistenciales, sin facultades de representación.

En el caso de los apoyos meramente asistenciales, el examen de una eventual responsabilidad conforme al artículo 1902 del Código Civil debe partir de las tareas efectivamente asumidas. En particular, habría que determinar qué actuación podía exigirse a quien prestaba el apoyo en las circunstancias del caso y si su omisión contribuyó a la producción del daño. La distinción es relevante cuando intervienen varias personas o entidades, pues la asistencia cotidiana y la representación pueden corresponder a sujetos distintos, con deberes propios.

La responsabilidad de quienes ejercen funciones de protección o de apoyo exige identificar los deberes que corresponden a cada sujeto y valorar su cumplimiento a la luz de las circunstancias del caso. La tutela del perjudicado y el respeto a la autonomía de la persona con discapacidad exigen así que la responsabilidad se determine a partir de las funciones efectivamente atribuidas, de los riesgos previsibles y de la diligencia que razonablemente cabía exigir.

Nota: El presente trabajo se corresponde con la ponencia del mismo título impartida por la autora en el Seminario sobre discapacidad, que tuvo lugar en el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Valencia el 12 de noviembre de 2026.

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