Prodigalidad y medidas de apoyo: el papel de la curatela entre la voluntad individual y la necesidad de protección

0
3

Autor: Giovanni d’Amore, Doctorando de la Università degli studi di Camerino

La protección del ejercicio de la capacidad jurídica representa uno de los temas más delicados del Derecho privado contemporáneo, puesto que sitúa constantemente al ordenamiento jurídico ante la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos exigencias fundamentales: por un lado, el respeto de la autonomía individual y de la libertad de autodeterminación; por otro, la necesidad de proteger a la persona cuando determinadas circunstancias personales le impidan o le dificulten el ejercicio consciente de sus derechos. En esta perspectiva se enmarca la reforma introducida en España por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que ha superado la concepción basada en la sustitución de la voluntad, privilegiando, en cambio, un modelo basado en las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. En consecuencia, el problema central pasa a ser el de identificar formas de protección que, sin anular la autonomía de la persona, sean realmente adecuadas a sus necesidades concretas. El artículo 249 del Código Civil vincula estas medidas al desarrollo de la personalidad y al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. El apoyo debe facilitar que la persona comprenda las alternativas a su alcance y exprese sus preferencias, procurando que pueda ejercer su capacidad jurídica con menor asistencia en el futuro. Es precisamente dentro de este nuevo paradigma donde se sitúa la cuestión de la prodigalidad y el papel que puede desempeñar la curatela como medida de apoyo.

Antes de la reforma legislativa mencionada, la prodigalidad constituía una institución autónoma que podía justificar la adopción de medidas limitativas de la capacidad de la persona, especialmente en lo relativo a la gestión de su patrimonio. La reforma de 2021 ha suprimido esta institución autónoma, de modo que las situaciones relacionadas con la prodigalidad deben examinarse a la luz del sistema de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. El cambio afecta también al interés protegido. Mientras que la regulación anterior de la prodigalidad atendía a los derechos alimenticios de determinados familiares, la eventual adopción de apoyos se orienta ahora a las necesidades de la propia persona. La protección de su patrimonio se justifica por su relación con las condiciones de vida y el ejercicio de sus derechos.

Este cambio no significa, sin embargo, que la conducta pródiga haya perdido toda relevancia jurídica. Significa, más bien, que ya no es posible fundamentar una medida de protección en la mera constatación de una conducta económicamente desordenada o imprudente. Es necesario comprobar, en cada caso concreto, si la persona necesita efectivamente apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y, sobre todo, qué tipo de apoyo resulta adecuado a sus necesidades específicas. Por tanto, puede afirmarse que la prodigalidad no desaparece como fenómeno jurídicamente relevante, sino que cambia la manera en que el ordenamiento puede abordarla: ya no mediante una limitación general de la autonomía patrimonial, sino a través de la eventual adopción de medidas de apoyo necesarias y proporcionadas.

Resulta ilustrativo el supuesto examinado por la Sentencia del Tribunal Supremo 1143/2024, de 18 de septiembre. La madre de un hombre afectado por una patología psíquica de carácter persistente había solicitado que se declarase su incapacitación parcial y que quedase sujeto a curatela, con el fin de evitar que dilapidara una herencia de aproximadamente setenta mil euros. La demanda se había presentado antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Por aplicación de su disposición transitoria sexta, el procedimiento continuó conforme al nuevo régimen de provisión de apoyos, por lo que la respuesta judicial debía ajustarse a las exigencias de necesidad, proporcionalidad y respeto a la autonomía introducidas por la reforma. Según lo establecido por los tribunales de instancia, la disponibilidad de este patrimonio había puesto de manifiesto dificultades para gestionarlo y una especial vulnerabilidad frente a posibles influencias indebidas y abusos de terceros. Entre los episodios mencionados en el procedimiento figuraban el intento de comprar una furgoneta por un importe de unos veinte mil euros, la duplicación de gastos derivada de una reforma defectuosa de la vivienda y diversas liberalidades económicamente relevantes (como la entrega de ochocientos euros a una persona para evitar que ingresara en prisión y el alojamiento gratuito de varias personas en su propia vivienda). Sobre la base de estos elementos, tanto el juez de primera instancia como el tribunal de apelación consideraron necesario establecer una medida de apoyo, y acordaron una curatela representativa para los actos complejos de administración y disposición del patrimonio. La persona interesada interpuso recurso. Sus objeciones se referían, por un lado, a la falta de respeto de su voluntad, puesto que había manifestado claramente su oposición a la adopción de medidas judiciales de apoyo; por otro, a la desproporción de la curatela representativa, que consideraba excesivamente invasiva en relación con sus necesidades reales. El Tribunal Supremo se encontró así ante una cuestión central: cómo proteger a una persona expuesta al riesgo de realizar gastos perjudiciales sin privarla, más allá de lo necesario, de la posibilidad de tomar autónomamente sus propias decisiones.

El Tribunal Supremo consideró que la voluntad contraria de la persona interesada no era, por sí sola, suficiente para impedir la adopción de una medida de apoyo. Esa voluntad debe, ciertamente, ser conocida, considerada y valorada, comprobando también si es efectivamente libre y consciente. Sin embargo, este elemento debe ponderarse con la necesidad de proteger a la persona cuando la patología que padece incida en su conciencia de la propia situación y de los riesgos relacionados con la gestión de su patrimonio. Es necesario, por tanto, establecer una distinción fundamental: no basta con que una decisión parezca irracional o económicamente desfavorable; es preciso comprobar si la persona está realmente en condiciones de comprender su situación y de determinarse autónomamente.

La mera existencia de un diagnóstico tampoco permite prescindir de esa valoración individualizada. Como señala la sentencia, lo determinante son las necesidades concretas que la discapacidad genera para el ejercicio de los derechos. La oposición al apoyo debe examinarse en relación con esas circunstancias, sin identificar automáticamente el desacuerdo de la persona con una falta de discernimiento. El Tribunal Supremo consideró, por tanto, posible adoptar una medida incluso en contra de la voluntad manifestada por la persona interesada. Esto no autorizaba, sin embargo, a establecer cualquier forma de protección. La medida debía limitarse a lo estrictamente necesario, salvaguardando en la mayor medida posible la autonomía individual. Es precisamente sobre este aspecto, el de la necesidad y proporcionalidad de la medida, donde se encuentra el paso decisivo de la sentencia: el reconocimiento de la necesidad de apoyo no implica automáticamente la legitimidad de una curatela con facultades de representación.

En términos generales, la Ley 8/2021 configura la curatela como la principal medida judicial de apoyo, atribuyéndole una función predominantemente asistencial. Esto significa que el curador no debe normalmente sustituir a la persona, sino ayudarla en el ejercicio de su capacidad jurídica, favoreciendo, en la medida de lo posible, la formación y expresión de sus decisiones. Su constitución tiene, además, carácter subsidiario. De acuerdo con los artículos 255 y 269 del Código Civil, deben valorarse previamente las medidas voluntarias y la suficiencia de la guarda de hecho. La necesidad de apoyo continuado no conduce por sí sola a la curatela si aquella puede ser atendida adecuadamente mediante otros instrumentos ya existentes.

Desde un punto de vista conceptual, siguiendo al Profesor De Verda y Beamonte, cabe distinguir tres posibles formas de curatela, en función de la intensidad de la medida:

1. La curatela asistencial, en la que el curador presta ayuda y asistencia a la persona (por ejemplo, en la gestión de las necesidades cotidianas o en el ámbito sanitario), sin que sea necesario su consentimiento para la validez de los actos realizados por la persona interesada.

2. La curatela complementaria, que se refiere principalmente a los actos de naturaleza patrimonial. En este caso, la persona sigue actuando en nombre propio, pero para la realización de determinados actos también se requiere el consentimiento del curador. Su intervención, por tanto, no sustituye la voluntad de la persona interesada, sino que complementa su ejercicio.

3. La curatela representativa, que constituye la forma más intensa de apoyo, ya que atribuye al curador la facultad de actuar en nombre y por cuenta de la persona. Se trata, sin embargo, de una solución excepcional, admitida únicamente cuando, pese a los esfuerzos realizados, no sea posible determinar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona interesada, o cuando sus circunstancias hagan necesario un mecanismo de sustitución. Conforme al artículo 269 del Código Civil, la atribución de facultades representativas exige una resolución motivada que precise los actos para los que la representación resulte imprescindible.

Esta distinción permite precisar el contenido de la intervención, aunque no constituye una clasificación legal expresa en tres categorías. En particular, la atribución de funciones de supervisión no debe confundirse con la exigencia de consentimiento del curador para la validez de determinados actos: este alcance complementario debe quedar establecido en la resolución judicial.

El criterio que debe orientar la elección entre estas distintas formas de intervención es el de necesidad y proporcionalidad, establecido en el artículo 249 del Código Civil y desarrollado asimismo por el artículo 268. Las medidas deben ser proporcionadas a las necesidades concretas de la persona y respetar su máxima autonomía posible. El juicio de necesidad se refiere a la procedencia misma del apoyo, mientras que el de proporcionalidad exige adecuar su contenido e intensidad a las dificultades comprobadas. Esta segunda valoración obliga a justificar por qué una intervención menos intensa no sería suficiente, especialmente cuando se pretende atribuir al curador funciones de representación. No basta, por tanto, con constatar que una persona necesita protección, sino que también es necesario determinar en qué ámbito resulta necesaria dicha protección y hasta dónde puede llegar, sin restringir innecesariamente su autonomía. En definitiva, una dificultad en la gestión del patrimonio no justifica automáticamente una medida representativa que se extienda a todos los actos de la vida de la persona.

La solución adoptada por el Tribunal Supremo permite comprender concretamente cómo deben operar los principios de necesidad y proporcionalidad. El Tribunal no cuestionó la necesidad de establecer una medida de apoyo. Consideró, en efecto, que las circunstancias surgidas durante el procedimiento ponían de manifiesto un riesgo concreto para el patrimonio de la persona interesada: sus dificultades para gestionar prudentemente sus recursos económicos, su vulnerabilidad frente a terceros y el peligro de que, en un período relativamente breve, pudiera perder el patrimonio heredado hasta encontrarse en una situación de indigencia. El problema se refería, más bien, a la intensidad de la intervención acordada por los tribunales de instancia. Estos habían establecido una curatela representativa. Sin embargo, según el Tribunal Supremo, una solución de este tipo iba más allá de lo estrictamente necesario. La persona interesada, en efecto, no estaba completamente imposibilitada para expresar su voluntad o tomar autónomamente sus propias decisiones. Por tanto, era posible protegerla sin sustituirla. El Tribunal estimó parcialmente el recurso y sustituyó la curatela representativa por una curatela de carácter complementario. En concreto, para la realización de los actos complejos de administración y disposición del patrimonio sería necesaria la intervención del curador, mediante su autorización, como requisito para la validez de dichos actos, limitando en todo caso la protección al ámbito patrimonial, sin extenderla indebidamente a los demás ámbitos de su vida. La diferencia es significativa: la persona conserva la posibilidad de actuar en nombre propio y de tomar sus propias decisiones, pero la realización de determinadas operaciones patrimoniales queda subordinada a la intervención complementaria del curador. De este modo, se trata de evitar tanto decisiones económicamente gravemente perjudiciales como posibles abusos por parte de terceros. La delimitación de la medida resulta coherente con la autonomía que el interesado conservaba para sus actividades cotidianas y para el manejo de dinero de bolsillo. Las dificultades relativas a operaciones patrimoniales complejas no justificaban extender la intervención a esos ámbitos, respecto de los cuales no se había apreciado una necesidad equivalente de apoyo.

En conclusión, la sentencia del Tribunal Supremo demuestra cómo, tras la Ley 8/2021, la prodigalidad ya no puede constituir, por sí sola, el presupuesto para una limitación de la autonomía de la persona. Sin embargo, puede adquirir relevancia cuando, en presencia de una condición personal que incida en la capacidad de autodeterminación, surjan necesidades concretas de protección. La necesidad de proteger a una persona frente a los riesgos derivados de su propia conducta patrimonial no justifica automáticamente la sustitución de su voluntad. Incluso cuando una medida judicial resulta indispensable, su contenido debe ajustarse a las dificultades efectivas de la persona, limitando la intervención a lo estrictamente necesario.

Nota: El presente trabajo se corresponde con la ponencia del mismo título impartida por el autor en el Seminario sobre discapacidad, que tuvo lugar en el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Valencia el 12 de noviembre de 2026.

print

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here