Necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo: la autonomía de la persona con discapacidad en las decisiones personales

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Autora: Federica Marani, Doctoranda de la Università degli studi di Siena

1. La demanda de divorcio en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2024

La necesidad de apoyo para realizar determinados actos no permite presumir que la persona lo precise también para decidir sobre cualquier otro aspecto de su vida. Esta exigencia de individualización adquiere especial relevancia en las decisiones personales, en las que la protección debe articularse de modo que preserve la titularidad de la elección. La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 767/2024, de 30 de mayo, ofrece una ocasión particularmente significativa para examinar esta cuestión, al pronunciarse sobre la demanda de divorcio presentada por un hombre sujeto a una curatela previamente constituida.

El litigio tenía su origen en una sentencia de 10 de febrero de 2020, posteriormente confirmada en apelación, que había acordado la modificación parcial de la capacidad del interesado, afectado por un proceso de deterioro cognitivo, y había nombrado curadora a su hija. La resolución preveía su intervención para los actos jurídicos, económicos y mercantiles complejos, así como para la supervisión del tratamiento médico y de cuanto concerniera a la salud. En junio de 2021, el hombre presentó demanda de divorcio mediante procurador y abogado, sin intervención de la curadora. Tanto la constitución de la medida como la interposición de la demanda eran, por consiguiente, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, el 3 de septiembre de 2021, mientras que las resoluciones recaídas en el proceso de divorcio se dictaron bajo la vigencia del nuevo marco normativo.

La esposa se opuso alegando que el ejercicio de la acción constituía un acto jurídico complejo, comprendido entre aquellos para los que se había establecido la intervención de la curadora. Cuestionó, asimismo, que su marido pudiera comprender la naturaleza y el alcance de la iniciativa. El juzgado de primera instancia decretó el divorcio tras apreciar, a partir de las declaraciones del demandante, que este conocía el objeto del procedimiento y sus consecuencias; la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la decisión.

Al desestimar los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, el Tribunal Supremo distingue dos cuestiones que constituyen el eje de la reflexión: el alcance de las funciones atribuidas a la curadora y la correspondencia de la pretensión ejercitada con la voluntad de su titular. Respecto de la primera, considera que la referencia a los actos jurídicos complejos se circunscribía, en aquella resolución, al ámbito patrimonial, mientras que la intervención en la esfera personal se limitaba a la salud. La decisión de solicitar el divorcio quedaba, por ello, confiada al interesado. Esta conclusión no dispensaba, sin embargo, de examinar las dudas surgidas sobre la persistencia de su voluntad. La distinción permite situar los principios de necesidad y proporcionalidad en ambos planos, evitando que una exigencia de comprobación se transforme, por sí sola, en un fundamento para ampliar las facultades del curador.

2. La interpretación de la medida y la necesidad concreta de apoyo

El significado de la sentencia debe apreciarse a partir de la concreta curatela asistencial sometida a examen. El Tribunal no atribuye un contenido necesariamente patrimonial a toda referencia a actos jurídicos complejos, sino que interpreta el alcance de la resolución que había establecido el apoyo y descarta que comprendiera la decisión de divorciarse.

Tampoco equipara la actuación autónoma del interesado con la ausencia de asistencia profesional: la representación procesal del procurador y la defensa del abogado responden a funciones distintas del apoyo personal previsto en la sentencia. La dificultad técnica de un procedimiento no basta, en consecuencia, para someter la elección que lo origina a la intervención de un curador.

Esta lectura encuentra un marco sistemático en los arts. 249, 268 y 269 del Código Civil. La necesidad exige identificar las dificultades concretas que justifican el apoyo y comprobar si pueden recibir una respuesta suficiente mediante otros instrumentos; la proporcionalidad determina la extensión y la intensidad de la intervención admisible. El diagnóstico, por sí solo, no satisface ninguna de estas exigencias. Incluso cuando proceda constituir una curatela, su contenido debe ajustarse a las necesidades acreditadas, mediante la determinación precisa de los actos que requieren asistencia y, excepcionalmente, de aquellos para los que resulte imprescindible atribuir funciones representativas.

La individualización no se agota, por tanto, en el momento constitutivo de la medida, sino que debe orientar también su interpretación y aplicación. La complejidad de una nueva actividad no autoriza a incluirla automáticamente en el ámbito del apoyo: es necesario examinar la naturaleza del acto y su relación con las dificultades que motivaron la intervención. Si aparecen necesidades adicionales, deberán valorarse a través de los cauces previstos por el ordenamiento, sin convertir la generalidad de una fórmula judicial en un mecanismo de ampliación progresiva de las facultades del curador.

El silencio de la resolución sobre una decisión personal no revela necesariamente una laguna que deba colmarse mediante la extensión de la medida. Puede expresar, precisamente, el espacio de autonomía que esta debe respetar. Reconocerlo no excluye que la persona reciba la información accesible o la ayuda comunicativa que necesite; impide confundir tales apoyos con la exigencia de una aprobación ajena.

3. La decisión personal y la regulación de sus efectos patrimoniales

La demanda examinada incluía también pretensiones relativas al uso de la vivienda familiar y a la pensión compensatoria. La concurrencia de estos aspectos económicos no llevó, sin embargo, al Tribunal Supremo a reconducir la elección de divorciarse al ámbito patrimonial de la curatela. De su razonamiento cabe extraer una distinción entre la decisión que afecta al vínculo matrimonial y la ordenación de las consecuencias de su disolución.

Ambos planos pueden requerir formas e intensidades de apoyo diferentes. Una persona puede comprender el significado de la terminación del matrimonio y quererla, aunque precise asistencia para valorar determinadas condiciones económicas. La necesidad de apoyo respecto de estas últimas debe acreditarse específicamente, sin proyectarse de manera automática sobre la decisión personal. De lo contrario, las consecuencias patrimoniales acabarían determinando el régimen de la elección de la que proceden.

El alcance de este riesgo trasciende el divorcio. Las decisiones familiares, afectivas y residenciales suelen producir efectos económicos, de modo que su inclusión indiscriminada en la gestión patrimonial permitiría extender una medida sectorial a buena parte de la vida de la persona. La conexión entre los intereses implicados no exige, en cambio, una intervención uniforme: el apoyo debe modularse atendiendo al contenido de cada actividad y a la dificultad que pretende atender.

La sentencia no establece un régimen completo de asistencia para cada efecto económico del divorcio. La distinción propuesta desarrolla su motivación y pone de relieve una dimensión adicional de la proporcionalidad: también dentro de una misma situación jurídica es preciso diferenciar aquello que la persona puede decidir por sí misma de los aspectos para los que necesita apoyo, preservando la autonomía de la elección personal.

4. El consentimiento personal y la representación en la acción de divorcio

La naturaleza personal de la decisión obliga a precisar los límites de la intervención, pero no permite someter el matrimonio, el testamento y el divorcio a un régimen indiferenciado.

El apoyo a la formación y manifestación de la voluntad y el ejercicio representativo de una acción judicial plantean problemas distintos, cuya solución depende de la disciplina de cada acto.

En materia matrimonial, el art. 56 del Código Civil contempla apoyos humanos, técnicos y materiales destinados a facilitar la emisión, interpretación y recepción del consentimiento.

El dictamen médico queda reservado al supuesto excepcional en el que una condición de salud pueda impedir de manera evidente, categórica y sustancial su prestación, pese a las medidas de apoyo. La intervención se dirige a hacer posible un consentimiento que debe proceder del contrayente; no permite al curador sustituirlo ni integrar con su propia voluntad un consentimiento inexistente. Una lógica análoga informa los arts. 663.2 y 665 en materia testamentaria: lo determinante es que la persona pueda formar y expresar su voluntad, también mediante los medios y apoyos necesarios, con la valoración notarial legalmente prevista. La curatela no comporta, por sí sola, una incapacidad general para testar, ni habilita a otro sujeto para disponer en lugar del testador.

El ejercicio de la acción de divorcio presenta particularidades que impiden trasladar sin matices estas conclusiones al plano procesal. La sentencia del Tribunal Constitucional núm. 311/2000, de 18 de diciembre, censuró la negativa a reconocer legitimación a una tutora para solicitar la separación en representación de su hija, al apreciar, en las circunstancias del caso, una vulneración de la tutela judicial efectiva y de la igualdad. El pronunciamiento garantizaba el acceso a la jurisdicción, sin implicar la estimación de la pretensión.

Posteriormente, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo núm. 625/2011, de 21 de septiembre, reconoció legitimación a los tutores para promover el divorcio de una mujer en estado de coma , sometiendo la iniciativa a la autorización judicial, a la acreditación del interés de la persona representada y a la intervención del Ministerio Fiscal. La exclusión de toda actuación representativa habría podido convertir el matrimonio en indisoluble de hecho, si el otro cónyuge no hubiera querido solicitar su disolución.

Estos precedentes, dictados bajo el sistema anterior a la reforma de 2021, descartan una prohibición absoluta de representación, aunque sus presupuestos deben reconsiderarse a la luz del régimen vigente. Los arts. 249 y 269 exigen que las funciones representativas sean excepcionales. Cuando, pese a un esfuerzo considerable, no resulte posible determinar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona, su ejercicio debe atender a la trayectoria vital, las creencias, los valores y los factores que aquella habría considerado al decidir. Por su parte, el art. 287, en sus apartados 1 y 7, exige autorización judicial para determinados actos de trascendencia personal o familiar y para la interposición de demandas por el curador con funciones representativas, en los términos y con las excepciones legalmente establecidos. Esta autorización constituye una garantía del ejercicio de facultades que han de estar debidamente atribuidas y ser compatibles con el régimen del acto; no confiere, por sí misma, un poder general de representación.

La sentencia de 2024 se sitúa en un supuesto diferente: el propio interesado había promovido el divorcio y se discutía si necesitaba la intervención de la curadora. Las soluciones concebidas para hacer posible el acceso a la justicia de quien no puede actuar por sí mismo no podían invocarse para restringir la autonomía de quien había ejercitado personalmente su elección.

5. La comprobación de la voluntad y la proporcionalidad de las garantías procesales

Delimitado el ámbito de la curatela, subsistía la cuestión relativa a la persistencia de la voluntad de divorciarse. Durante la apelación, la hija y curadora había declarado que su padre le había manifestado su intención de no continuar con el procedimiento. El Ministerio Fiscal, aun compartiendo que no era necesaria la intervención de la curadora, solicitó la estimación de los recursos por considerar que debía haberse acordado una entrevista directa con el interesado. La controversia no concernía ya a quién debía autorizar la decisión, sino a si la pretensión seguía respondiendo a la voluntad de su titular.

El Tribunal Supremo recuerda que la entrevista judicial está prevista con carácter necesario en los procedimientos dirigidos a establecer medidas de apoyo, sin que esa exigencia se extienda automáticamente a cualquier otro proceso de familia que afecte a una persona con discapacidad. Admite, no obstante, que, en supuestos muy excepcionales, la concurrencia de circunstancias especiales y relevantes, constitutivas de indicios evidentes de distorsión de la voluntad, pueda justificar que el tribunal acuerde de oficio una entrevista.

En el caso concreto, el demandante había sido oído en primera instancia y había mostrado conocer el objeto y las consecuencias del proceso. En apelación compareció junto con las partes y la curadora; aunque solo esta fue oída formalmente, el presidente se dirigió al interesado, comprobó que conocía las dudas planteadas sobre la persistencia de su voluntad y le concedió unos días para manifestarse. El Tribunal Supremo reconoce que habría sido posible una indagación más directa, pero considera que, atendidos los indicios existentes y la actuación desarrollada, no se había producido la vulneración procesal denunciada.

Esta conclusión no priva de relevancia a la audiencia personal, sino que remite a la adecuación de las garantías a las circunstancias. La discapacidad no justifica una desconfianza sistemática hacia la voluntad expresada, del mismo modo que el reconocimiento formal de la autonomía no permite desatender dificultades concretas de comprensión o comunicación. En consonancia con el art. 13 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad requiere los ajustes procesales pertinentes. Por ello, cuando se discute precisamente qué quiere la persona en ese momento, una entrevista directa, desarrollada con un lenguaje y unas modalidades accesibles, puede constituir un instrumento especialmente adecuado para esclarecerlo.

El objeto de esta comprobación debe mantenerse diferenciado de un juicio sobre la conveniencia del divorcio. La necesidad de apoyo no puede inferirse del desacuerdo de los familiares ni de que la decisión parezca poco beneficiosa a quien presta asistencia. Verificar que la persona quiere poner fin a su matrimonio protege la autenticidad de su elección; someterla a una valoración ajena sobre lo que más le conviene desplazaría el centro de la decisión. Las dificultades reales en la formación o expresión de la voluntad requieren una respuesta específica, pero el contenido de una elección no demuestra, por sí solo, la existencia de tales dificultades.

También las declaraciones del curador deben valorarse conforme a esta distinción. Su proximidad al interesado puede aportar elementos relevantes, sin conferir a su relato un valor concluyente ni convertirlo en intérprete exclusivo de la voluntad de aquel. Las salvaguardas frente a los conflictos de intereses y la influencia indebida, contempladas en los arts. 250 y 270 del Código Civil, exigen examinar separadamente la función de apoyo y los intereses presentes en la relación. Ello no permite presumir un conflicto por el mero vínculo familiar, pero sí exige que la voz de quien asiste no desplace la de la persona asistida.

6. Los límites sustantivos de la intervención y la autonomía efectiva

La protección de la autonomía se articula, así, mediante dos exigencias complementarias: justificar la intervención ajena y asegurar las condiciones que permiten a la persona ejercer su propia elección. Una lectura expansiva de la medida puede introducir autorizaciones innecesarias, mientras que el reconocimiento de la facultad de actuar resultaría insuficiente si no se acompañara de los medios precisos para comprender, comunicar y llevar a la práctica la decisión.

La prohibición de incluir en la resolución judicial la mera privación de derechos, establecida por el art. 269 del Código Civil, expresa un límite que debe proyectarse también sobre la aplicación de la curatela. La precisión de sus previsiones es indispensable, pero no legitima cualquier injerencia: incluso una atribución expresa ha de respetar la naturaleza y el régimen jurídico del acto. Por ello, la previsión de una intervención del curador no resolvería, por sí sola, el problema de su admisibilidad respecto de una decisión personal; correlativamente, la ausencia de una facultad de autorización no excluye el apoyo informativo y comunicativo que resulte necesario.

La diversidad de los regímenes del matrimonio, el testamento y el divorcio confirma que estos límites no pueden reducirse a una regla indiferenciada de insustituibilidad. Para cada actividad debe precisarse qué voluntad corresponde expresar a su titular, qué ayudas permiten hacerlo y en qué supuestos el ordenamiento admite una actuación representativa.

El elemento común reside en que la existencia de una medida de apoyo no determina, por sí misma, la pérdida del derecho. En otro ámbito, la eliminación de las privaciones del sufragio fundadas en la discapacidad, operada por la Ley Orgánica 2/2018, responde a la misma exigencia de evitar exclusiones derivadas de la condición personal.

La aportación de la sentencia de 2024 se comprende plenamente desde esta perspectiva: el apoyo previsto para determinados actos patrimoniales no podía extenderse a la elección de divorciarse, ni las dudas sobre la persistencia de la voluntad podían transformarse en una facultad de aprobación de la curadora. Necesidad y proporcionalidad deben acompañar toda la vida de la medida, desde su constitución hasta su aplicación a cada decisión: su función consiste en vincular cada intervención a una dificultad concreta y en preservar la titularidad personal de la elección. La autonomía se hace efectiva cuando el apoyo proporciona la ayuda necesaria para decidir y actuar, sin asumir indebidamente el poder de determinar el contenido de la decisión.

Nota: El presente trabajo se corresponde con la ponencia del mismo título impartida por la autora en el Seminario sobre discapacidad, que tuvo lugar en el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Valencia el 12 de noviembre de 2026.

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