Autora: Sofía de Salas Murillo. Catedrática de Derecho civil. Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: sofiasal@unizar.es
Resumen: La implementación en España de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica, se ha llevado a cabo a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio. Esta reforma ha afectado a las bases tradicionales del ordenamiento jurídico, no solo por el hecho de eliminar la modificación de la capacidad de obrar y la tutela de adultos, y dar clara preferencia a las medidas voluntarias respecto a las judiciales, sino por todas las consecuencias que implica poner como centro del sistema el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. El trabajo aporta una panorámica general del nuevo sistema, con especial referencia al impacto en materia de obligaciones y al reflejo de las medidas de apoyo en los Registros civil y de la Propiedad. Una reforma de este calado ha provocado, como es lógico, numerosos interrogantes respecto a su aplicación y desde luego plantea importantes retos para los operadores jurídicos concernidos y la sociedad en su conjunto.
Palabras clave: Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad; apoyo; Observación General del Comité de Naciones Unidas; ejercicio de la capacidad jurídica; curatela; curador representativo; respeto a la voluntad y preferencias; mejor interés de la persona con discapacidad; anulabilidad.
Abstract: The implementation in Spain of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in relation to the exercise of legal capacity has been carried out through Law 8/2021, of June 2. This reform has affected the traditional bases of the legal system, not only due to the fact of eliminating the modification of the capacity to act and the guardianship of adults, and giving clear preference to voluntary measures over judicial ones, but also due to all the consequences which implies placing respect for the will, desires and preferences of people with disabilities at the center of the system. This paper provides a general overview of the new system, with special reference to the impact on obligations and the reflection of the support measures in the Civil and Property Registries. A reform of this scope has naturally raised numerous questions regarding its application and certainly poses significant challenges for the legal operators concerned and society as a whole.
Key words: United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities; General Comment of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities; support; exercise of legal capacity; curatorship; representative curator; respect for the will and preferences; Best interest of the person with a disability; annulment.
Sumario:
I. INTRODUCCIÓN.
. 1. Medidas de apoyo de naturaleza voluntaria.
2. Guarda de hecho.
3. Medidas de apoyo de origen judicial.
A) La curatela.
B) El defensor judicial.
4. Cauces procesales.
5. Consecuencias de la reforma en materia de obligaciones y contratos.
6. Aspectos registrales de la reforma.
7. Régimen transitorio.
III. ALGUNOS INTERROGANTES y RETOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 8/2021.
1. ¿Realmente se va a poder seguir recurriendo al criterio del interés superior de la persona con discapacidad para la toma de decisiones pese a lo que dice la Observación general y lo que parece decir la ley?
2. ¿Cuándo se va a entender que hay defecto o insuficiencia de medidas? Y en relación con esto: ¿cuál va a ser el papel de la guarda de hecho? ¿y el de las escrituras de provisión de apoyos del art. 255? ¿son unilaterales o bilaterales?
3. ¿Cuáles son los servicios asistenciales que impiden ser prestador de apoyos? ¿Qué va a pasar con la guarda de hecho en las residencias?
4. ¿Se puede otorgar poder preventivo a favor de una entidad pública? ¿Le condiciona en algo la imposibilidad de excusarse para el desempeño de los apoyos del art. 281 CC in fine?
5. El reto de la adaptación de las sentencias ya emitidas y la dotación de medios a la autoridad judicial y quienes han de elaborar los informes sociales.
6. El reto de la prueba de la guarda de hecho como requisito necesario para la efectividad del protagonismo del que le dota la Ley 8/2021.
Revista indexada en SCOPUS (Q3), REDIB, ANVUR (Clase “A”), LATINDEX, CIRC (B), MIAR.
Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 17, agosto 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 16-47
