La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público al que fue alcalde de Astillero, municipio de la comunidad cántabra, entre los años 2007 y 2015. Los magistrados han considerado al ex alcalde autor de un delito continuado de prevaricación administrativa por la contratación irregular de una trabajadora.
La Audiencia estima como hechos probados que en los años 2007 y 2008 se celebraron tres contratos de prestación de servicios entre el Ayuntamiento del municipio y la acusada que fraccionaban el objeto de los contratos, así como excedían de los límites temporales y económicos previstos en la legislación de ese momento.
Según los magistrados, el alcalde era consciente de que los contratos contravenían las disposiciones legales. Además, el condenado eludió la incoación del procedimiento administrativo adecuado para la contratación de los servicios, acudiendo deliberadamente a un expediente inadecuado.
Una vez finalizado el contrato en el año 2008, la trabajadora continuó trabajando en el Ayuntamiento durante enero de 2009 y abril de 2010. Fue entonces cuando el interventor emitió un informe sobre la situación en la que se encontraba la mujer, sin cobertura contractual, y estimando su suspensión.
No obstante, el condenado ha sido absuelto de un delito de malversación de caudales públicos, ya que los trabajos por los que se pagó a la trabajadora irregular fueron realizados, acudiendo la mujer a trabajar de forma regular.
La mujer en cuestión ha sido igualmente absuelta de un delito de tráfico de influencias por no quedar probado que ambos acusados tuvieran una relación personal que influyera en la decisión del ex alcalde para contratarla.
Eva Larrosa García. Graduada en Derecho.
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