En Valencia, a tres de febrero de este año, el Juzgado de Instrucción nº 9 de la ciudad ha incoado un procedimiento abreviado contra Jorge Rodríguez, expresidente de la diputación valenciana, y otros catorce cargos públicos y políticos, en el marco de la investigación judicial por el “caso Alquería”.
Con este auto, el magistrado pone fin a las investigaciones al considerar haber encontrado indicios suficientes de que los encausados habrían cometido delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en los años 2015 a 2018, cifrando la pérdida económica del erario público en 1.122.095 euros, un poco menos de los dos millones estimados en un primer momento.
Este presunto desvío de fondos públicos destinados a la sociedad IMELSA, luego llamada DIVALTERRA por decisión de la Diputación valenciana, hacia particulares, en la que se observa un cierto interés e influencia de los partidos del gobierno, PSOE y Compromís, se habría realizado a través de la falsa contratación cómo altos directivos.
Estos nombramientos no habrían seguido los principios de mérito, publicidad y capacidad exigidos, sino que habrían sido entregados a personas que no tenían los requisitos legales ni estatutarios necesarios para acceder al cargo y que, además, durante la investigación, no se ha encontrado que realizaran función alguna.
Por esta misma razón, el magistrado instructor ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta contra un ex directivo, quien renunció al cargo a los pocos días de su nombramiento, quedando acusados los otros siete altos directivos, el expresidente de la diputación, sus asesores, el ex secretario-letrado asesor de la empresa y dos exgerentes de la misma.
Maria Segovia Barreiro, estudiante de Derecho, colaboradora de IDIBE
Fuente: comunicación Poder Judicial
