Inteligencia artificial en el sector público ante el Covid-19

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Autora: Belén Andrés Segovia, Personal Investigador en Formación Atracció de Talent, Universitat de València. Correo electrónico: belen.andres@uv.es

1. Una de las lecciones que nos ha ofrecido la entrada del 2020 encuentra su reflejo en la transformación de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, fruto de la expansión del Covid-19. Esta situación ha puesto sobre la mesa las virtualidades y las limitaciones que la propia tecnología impone. Cuando nos referimos a que nos encontramos ante lo que se ha acuñado como ‘nueva normalidad’ no podemos dejar pasar que se trata de un término de origen político no exento de controversias. Por ello, antes de replantearnos cuál es la influencia que está adquiriendo la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público ante la pandemia, debemos señalar cuáles son las circunstancias en las que se envuelve este sistema para después dar respuesta a cuál es la realidad que brinda respecto a la garantía del interés general.

Analizando estos aspectos desde las consecuencias sociológicas, que el Covid-19 va a suponer respecto a los ciudadanos, debemos señalar que se plantea un doble escenario: el escenario cronificado y el escenario autolimitado. Por un lado, por escenario cronificado debemos entender, aquel que se desarrolla ante un estado de confinamiento al que los diferentes individuos, en mayor o menor grado, deberán someterse en el transcurso de los próximos años y que requiere el planteamiento de nuevas medidas que vayan más allá de lo meramente presencial. Este escenario se prevé, al menos, hasta que: existan medidas sanitarias que así lo aconsejen, se encuentre una vacuna que pueda frenar sus efectos o que, en su caso, aparezca un nuevo virus o mutación que permita la inmunización de la población en general. Todos estos aspectos, dispondrán de consecuencias directas sobre la economía mundial que se prevén devastadoras. Por otro lado, el escenario autolimitado hace referencia a la necesidad de una normalización total de la vida cotidiana que implique la desaparición de medidas que permitan el confinamiento sobre determinados parámetros.

En este supuesto se persigue que hablar del Covid-19 se convierta en un elemento histórico. En esencia, volver a las relaciones personales como las habíamos entendido en una época previa al coronavirus.

Esta nueva normalidad, tal cual la hemos descrito, que se presumirá en nuestra cotidianidad, contrastará con la devastación económica que van a experimentar algunos países, en particular España. Tal situación arrastrará a un semiconfinamiento no obligatorio, sino necesario de baja intensidad. Ya no existirá tanto un miedo al contagio, sino que será más bien consecuencia de las repercusiones laborales que ha tenido la pandemia y que comienza a generar un estado de crisis sin paragón. Esto conducirá al mismo tiempo a que el estado de independencia, que habían logrado algunos adolescentes en épocas de bonanza, se desquebraje y se tienda a: el reagrupamiento familiar, la limitación del ocio, restricción del gasto, la reducción de la natalidad, aumento de la emigración a otros países europeos y latinoamericanos, etc. Medidas todas ellas hasta entonces no concebidas. En consecuencia, desde el punto de vista histórico, podemos afirmar que, la nueva realidad a la que se exponen los ciudadanos se presenta como la principal crisis económica y social desde que aconteciera la Guerra Civil en España.

2. Este escenario de incertidumbre, marcado por el Covid-19, surge en una era donde la digitalización se encuentra más potenciada que nunca. La Cuarta Revolución Industrial, o también denominada Revolución 4.0, viene a acuñar un nuevo paradigma marcado por la integración de las tecnologías ya existentes y la producción de innovaciones técnicas que permitirán mejorar los diferentes sectores económicos. Entre los avances tecnológicos emergentes en una serie de campos por los que, apuesta esta etapa, se encuentran: la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, la cadena de bloques, la computación cuántica, la impresión 3D, el Internet de las Cosas y los vehículos autónomos. En todos estos sistemas se refleja la tendencia hacia la automatización y el intercambio de los datos, con especial incidencia en lo que se conoce como el marco de las tecnologías de manufactura y desarrollo. Pese a la importancia que adquieren todos estos elementos, centraremos el presente estudio en la representación del sistema de inteligencia artificial como una nueva forma en la que, la tecnología se integra en las Administraciones Públicas para lograr avances en el sector público hasta entonces desconocidos.

3. En los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de escuchar en repetidas ocasiones que el sistema de inteligencia artificial ha venido para quedarse. La cuestión que se plantea en este punto gira en torno a qué debemos de entender por ‘inteligencia’, con carácter general, para después poder ahondar en qué es la ‘inteligencia artificial’, desde una vertiente más específica. El primer autor en realizar una comparativa y pronunciarse sobre el sentido de sendos conceptos fue McCarthy -en John McCarthy, What is AI, Personal website (formal.stanford.edu/jmc/ index.html) last updated November 12, 2007- quien defiende que la ‘inteligencia’ es “la parte computacional de la capacidad de lograr objetivos en el mundo. Se producen diversos tipos y grados de inteligencia en las personas, muchos animales y algunas máquinas”. Establecido este concepto, profundiza más si cabe en el mismo y alega que, por ‘inteligencia artificial’ debemos entender “la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Está relacionado con la tarea similar de usar computadoras para comprender la inteligencia humana, pero la Inteligencia Artificial no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observables”. Su definición resulta muy importante por cuanto nos permite comprender cuál va a ser la base que permitirá entender el presente estudio y las innovaciones que se proponen para mejorar las actividades ofrecidas por el sector público.

4. La Comisión Europea trata de destacar la importancia de regular la inteligencia artificial a través de una Comunicación de la Comisión Europea sobre Inteligencia artificial para Europa ({SWD(2018) 137 final}, Bruselas, 25.4.2018). La cuestión es de máxima trascendencia. Muestra de ello, lo encontramos en los objetivos presentes de la inteligencia artificial en el sector público, en los que se indica que, “es necesario que el sector público (a nivel nacional y de la EU) y el sector privado aúnen esfuerzos a fin de incrementar gradualmente las inversiones globales de aquí a 2020 y a partir de entonces, en consonancia con la importancia económica de la UE y las inversiones en otros continentes”.

La inteligencia artificial se convierte así en una herramienta para el progreso público-privado y económico que afectará a prácticamente todos los ámbitos: seguridad, vehículos autónomos, sanidad, industria, etc. Frente a las reacciones que se observan de la inteligencia humana, la inteligencia artificial permite resolver problemas más complejos a través de los algoritmos. Este sistema permitirá a las Administraciones Públicas, favorecer las prestaciones que realiza el sector público en la búsqueda por la satisfacción del interés general. Al fin de cuentas, un sector público eficiente se convierte en imprescindible para garantizar un crecimiento estable y sostenido, para fomentar el bienestar de los ciudadanos e implementar las modificaciones necesarias para la generación de riqueza en una sociedad determinada. Algunas opciones de sistemas que promete la inteligencia artificial en el sector público en nuestros días, debemos citar las siguientes: “Chatbots”, drones, “Big Data”, prevención contra la corrupción y “Blockchain”.

Respecto a los “Chatbots” permiten ofrecer una atención virtual que será capaz de resolver las dudas que planteen los ciudadanos de forma automática y personalizada. El denominado “bot” se trata de un componente de inteligencia artificial que es capaz de detectar el lenguaje natural de los diferentes individuos de modo que permita interpretar la interacción y ofrecer una respuesta o una solución a su cuestión. Este sistema ha sido empleado en Estados Unidos y cuenta con innumerables ventajas respecto a la situación que plantea el coronavirus. En primer lugar, permite ofrecer un servicio de calidad y aporta tranquilidad a los ciudadanos ya que se trata de una infraestructura que emplea un lenguaje natural que permite resolver las dudas que, a diario, plantea la situación de la pandemia. En segundo lugar, respecto al servicio público sanitario, permite liberar al equipo de médicos y asegurar su salud al ofrecer una atención ciudadana más personalizada y con todas las garantías de seguridad e higiene. En tercer lugar, pone a disposición del ciudadano el servicio de atención 24 horas a fin de poder dar respuesta a cuantas cuestiones deseen plantear. Por último, en cuarto lugar, se trata de un servicio accesible que requiere de una colaboración con el servicio universal de telecomunicaciones. Las múltiples opciones de canales de comunicación cercanos y accesibles se materializan a través de aplicaciones comunes tales como: “Whatsapp”, “Skype”, “Telegram”, etc. Entre las decisiones adoptadas por el Gobierno de España se encontraban un conjunto de medidas digitales que permitirían enfrentar la pandemia. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital activó así: una web de información verificada, un asistente para mayores, una aplicación de autodiagnóstico, el estudio sobre la movilidad, la oficina del dato y la financiación digital del programa de medidas. La previsión de un asistente que permitiera la conversación automatizada para la resolución de dudas acerca de la enfermedad, fue una de las medidas de “Chatbot” adoptadas por el Gobierno ante la pandemia. Asimismo, desde un plano autonómico, el Servicio de Salud del País Vasco, de la Rioja y de Andalucía también han instaurado este sistema, llegando a atender, en las primeras semanas, a 21.658 usuarios según Deloitte (Deloitte, “IA y Servicios Cognitivos contra el Covid-19”, véase en la página web: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/inteligencia-artificial-servicios-cognitivos-contra-covid-19.html). Como ejemplos de su implementación en España encontramos también a ‘Lola’ creado por la Universidad de Murcia que sirve para la atención de las consultas formuladas por los estudiantes y ‘Victoria’ instaurado por el Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, los drones se tratan de aeronaves que son pilotadas mediante un sistema de control remoto que, con una formación adecuada, permitirá obtener información de los espacios en los que actúa siempre y cuando se apliquen las medidas de seguridad oportunas. Su regulación, en el ordenamiento jurídico español, queda prevista en el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. La procedencia de su control se obtiene de la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y bienes que se encuentran en la superficie, así como del resto de aeronaves que ocupan el espacio aéreo. En el caso de que una Administración Pública opte por su utilización, puntual o permanente, dispone de dos opciones: bien contratar los servicios de una empresa operadora especializada en su manejo o habilitase como operador potencial ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (salvo contadas excepciones). Es importante señalar que, los Ayuntamientos, las Diputaciones o las Comunidades Autónomas pueden permitir actividades de uso de los drones con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, el correcto funcionamiento del tráfico, inspecciones urbanísticas, etc. Ante la situación que plantea el Covid-19 debemos señalar que este sistema permitirá: detectar las personas enfermas con drones pandémicos, su uso está señalado para el reparto de medicinas, alimentos y material destinado a uso médico, para informar y vigilar los movimientos de la población, desinfectar zonas comunes con drones agrícolas, entre otras medidas.

También, debemos destacar el papel que ocupa el Big Data como consecuencia de la gran cantidad de datos que disponen las Administraciones Públicas y que permitirán la labor de prevención de la pandemia, así como su expansión. Entre los elementos que ofrece este sistema se encuentran: la geolocalización, el “bluetooth low battery”, la verificación 2factor, las citas y avisos por SMS, la gestión de códigos QR, etc. Con todo, todos estos elementos no se encuentran exentos de ser cuestionados ante una posible vulneración de derechos fundamentales que deberá ser respetada y cuidada por parte de las Administraciones Públicas en su empleo. Un ejemplo, en este sentido, lo encontramos en la protección de datos de carácter personal. Por ello, los operadores públicos deberán destinar en todo momento los datos para la satisfacción del interés general y no para beneficiar, de forma privada, a comercializadoras con las que operen.

Por otro lado, la prevención y lucha contra la corrupción se convierte en uno de los objetivos claves de las Administraciones Públicas. Uno de los ámbitos más afectados por esta práctica es el que guarda relación con la contratación pública. Para mitigar posibles vulneraciones en este ámbito, las nuevas tecnologías proponen nuevas armas que permitirán trazar las actuaciones suscitadas a través de la Administración electrónica y fomentar la seguridad sobre la gestión. La introducción de mecanismos de control sobre esta actividad permitirá rebajar el potencial riesgo o sospechas que sobre la misma se generen. Ejemplos de contratación pública, que han podido ser objeto de esta corrupción ante esta pandemia, podemos citar: las compras urgentes de bienes -como las camas para los hospitales, material médico, adecuación de hospitales…- así como los servicios médicos.

Las soluciones digitales por las que apuestan los diferentes gobiernos pasan por aumentar la transparencia en la contratación, ya que los datos abiertos se convierten en esenciales ante una gestión óptima de la crisis sanitaria y de los diferentes programas de emergencia.

Por último, el “Blockchain” se ha convertido en una de las aplicaciones de los contratos inteligentes que dispone de infinitas ventajas para las Administraciones Públicas. Se aplica sobre todo, en sectores como: la banca, los seguros y la salud, entre otros. Cabe reflexionar sobre la oportunidad de llevar su aplicación al sistema de contratación pública para el cual se requiere de una cierta apuesta y voluntad política.

5. La posibilidad de aplicar un sistema de inteligencia artificial en el sector público no es solo parte del presente sino también es un reto que, pese a su relevancia en el mundo de la revolución tecnológica y del Derecho, ha cobrado mayor protagonismo con la llegada del Covid-19. Desde la Comisión Europea ya se vaticinó la oportunidad del mismo a través de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Inteligencia artificial para Europa ({SWD(2018) 137 final}, Bruselas, 25.4.2018). En concreto señaló que, “Las propuestas de la Comisión dentro del próximo marco financiero plurianual 2021-2027 abrirán la puerta a las inversiones en: (…) creación de un centro de apoyo a la puesta en común de datos que estará estrechamente vinculado a la plataforma de IA a la carta y cuyo cometido será facilitar el desarrollo de aplicaciones para las empresas y el sector público”. Así, la incorporación de un sistema de inteligencia artificial se convierte también en un desafío futuro al cual aspira el sector público. No obstante, su implementación no se encuentra exenta de ciertos riesgos que cuestionaran la procedencia de su uso. Entre los riesgos que surgen de este sistema podemos citar los siguientes: la automatización de los trabajos, el sesgo con el que actúan los algoritmos, la privacidad y la seguridad. Frente a ello, no obstante, existen determinadas iniciativas que permiten contrarrestar los riesgos que surgen de estas plataformas: la regulación o estrategia gubernamental, la conocida como “Artificial Intelligence for Good Global Summit”, “Datakind” y “AI4All”.

En primer lugar, respecto a la regulación o estrategia gubernamental, se observa el crecimiento de proyectos que avanzan hacia la aplicación de técnicas de aprendizaje automático cuyo fin es la resolución de problemas ya existentes. Ejemplos como el caso británico que muestran como ha favorecido la evolución de este sistema a través de la Oficina para la Inteligencia Artificial, nos da a conocer la gran cantidad de elementos positivos que puede suponer para el conjunto de los ciudadanos una administración que cuente con esta tecnología. Para evitar cualquier intrusismo o beneficio privado sobre los datos que obtengan de los ciudadanos, se deberá regular esta estrategia con el fin de que la información resultante sirva en exclusiva para la persecución del interés público y no del beneficio de algunos operadores privados. La inteligencia artificial aplicada en el sector público debería ir acompañada de varios debates que permitieran aunar esfuerzos por lograr una mejor reutilización de los datos sin atentar a los aspectos éticos y la privacidad, garantizando así el respeto a los ciudadanos.

En segundo lugar, la “Artificial Intelligence for Good Global Summit” pretende convertirse en una plataforma de las Naciones Unidas, que se fragua en las Cumbres Mundiales que se celebran con carácter anual, que apueste por el fomento del diálogo sobre los beneficios que la inteligencia artificial puede aportar al mundo, en general, y el sector público, en especial. Para lograr el desarrollo de estos proyectos con eficacia, se deberán atender a los principios y metas establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas al 2030.

En tercer lugar, el “Datakind” se trata de una organización cuyo fin es la reunión de científicos de datos con las principales organizaciones que buscan en el cambio social poder colaborar y maximizar mejoras sociales.

Por último, en cuarto lugar, nos encontramos con el “AI4All”, con sede en Estados Unidos. En este caso, se trata de una organización sin ánimo de lucro cuya dedicación se focaliza en aumentar la diversidad y la inclusión en los sistemas educativos, la investigación, el desarrollo y las diferentes políticas que giran en torno al sistema de inteligencia artificial.

6. A lo largo del presente estudio hemos podido citar algunos de los supuestos que ofrece la inteligencia artificial y que dan a conocer su versatilidad, así como, la rapidez con la que los organismos públicos y los gobiernos pueden hacer de su uso una herramienta que favorezca al interés público. Tras conocer la aparición del Covid-19 en nuestra sociedad y las enormes repercusiones que sobre la economía está suponiendo su paso en España, desde marzo de 2020, surgen algunas propuestas que ayudan a mitigar los efectos adversos suscitados. Por todo ello, podemos afirmar que el sistema de inteligencia artificial en el sector público ante el Covid-19 favorece: la detección de las tendencias que surgen de los datos con el fin de poder predecir la expansión de la pandemia, ayuda a aprender de forma eficaz y automática sobre la búsqueda de mecanismos que permitan acercar la administración a un individuo contagiado, detectar patrones de imágenes que reconozcan el estado de los pacientes y realizar simulaciones médicas que nos acerquen a adivinar las consecuencias que la pandemia puede adquirir sobre el conjunto de los ciudadanos en un futuro próximo.

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