La sentencia considera que el condenado usaba su condición de agente de Policía Local para contactar con menores en situación económica precaria o con historial delictivo, a quienes prometía mediar en los asuntos policiales o judiciales que tenían pendientes, les entregaba dinero, entre 20 y 50 euros, y les amenazaba con entorpecer sus causas judiciales, “para así mantener relaciones sexuales con los menores, quienes no oponían resistencia física ante el temor a las posible consecuencias” [Adrián Ortiz Gil].
Fuente: Comunicación Poder Judicial.
