De acuerdo con el Consejo de Europa, la campaña de vacunación contra la covid-19 debe basarse en la confianza de la ciudadanía y no en la obligatoriedad de su inoculación, ni en la discriminación de los no vacunados.

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El pasado día 27 de enero de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la resolución 2361 (2021), denominada “Vacunas Covid-19: consideraciones éticas, legales y prácticas”.

Dicho texto comienza haciendo referencia a los múltiples problemas que ha provocado la pandemia de la COVID-19 a lo largo de todo el año 2020, tanto en la salud como en la economía. Así mismo, reconoce el papel fundamental que las vacunas pueden tener en la recuperación de la normalidad en nuestras vidas.

Sin embargo, y esta es la cuestión clave, la estrategia que plantea respecto de la vacunación no se basa en su posible obligatoriedad, sino en una campaña constante de información fidedigna y transparente. Así pues, la Asamblea Parlamentaria insta a la UE y a los Estados miembros del Consejo a que cumplan con diferentes exigencias:

– Deben garantizar que los ciudadanos sean conscientes de que la vacunación no es obligatoria;

– Deben vigilar que ninguna persona sea presionada para vacunarse, si no desea hacerlo;

– Deben controlar que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado o por no querer vacunarse. Esta cuestión es muy importante, porque supone un freno a cualquier intento de política o práctica estatal o europea basada en la distinción entre vacunados y no vacunados, como medida de presión para forzar inoculaciones no deseadas. Tampoco se podrá permitir que dicha discriminación la propicien los propios particulares.

Queda claro, por tanto, que las autoridades no pueden obligar, ni directa ni indirectamente, a que la gente se vacune contra la COVID-19, ni pueden discriminar ni permitir que se discrimine a quienes no deseen vacunarse.

Llegados a este punto, comprobamos que es la transmisión de información transparente y fidedigna, el instrumento por el que apuesta la Asamblea Parlamentaria para ganarse la confianza de la gente en el proceso de vacunación. Así pues, la resolución señala que las autoridades deben proveer información transparente sobre la seguridad y los posibles efectos secundarios de las vacunas. Igualmente, deben contrarrestar la información errónea y la desinformación. También insta a los Estados, y a la Unión Europea, a que comuniquen el contenido de los contratos con las farmacéuticas, poniéndolos así a disposición de la ciudadanía para su escrutinio público.

En resumen, para favorecer la campaña de vacunación, la Asamblea Parlamentaria confía en la persuasión, basada en la transmisión de información fidedigna y transparente a la ciudadanía, y no en la imposición ni en la discriminación.

Jorge Antonio Climent Gallart, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia.

Acceder a la resolución 2361 (2021)

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