El Tribunal Constitucional le da la razón al Gobierno del Principado de Asturias en referencia al 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, relativo a la Sanidad.

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STC (Pleno) 183/2016, de 3 de noviembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4530-2012.

La sentencia 183/2016, de 3 de noviembre de 2016, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 4530-2012, interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias respecto del artículo 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El Gobierno de Asturias consideraba que el precepto, al disponer la integración del personal funcionario al servicio de las instituciones sanitarias públicas en el régimen estatutario, constituía materialmente un acto administrativo carente de regulación sustantiva, sin que estuviera justificada la extraordinaria y urgente necesidad que le habilitara para establecer esta medida mediante un Decreto-ley. Tampoco considera que deje ningún margen de desarrollo a las Comunidades Autónomas, razón por lo que carecería de carácter básico vulnerando las competencias autonómicas en materia de sanidad y función pública así como, en el caso del apartado 2 de la norma impugnada, el principio de interdicción de la arbitrariedad derivado del art. 9.3 CE.

El Tribunal declara la inconstitucionalidad y la nulidad del apartado 2 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, añadido por el art. 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y desestima el recurso en todo lo demás. [Ricardo Andreu Ibáñez]

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